No hay planeta B

Silvia Ribeiro*
Periódico La Jornada sábado 13 de Marzo de 2010
Un variopinto sector, que abarca algunos científicos, grandes inversionistas, poderosos gobiernos y algún ambientalista despistado, convergen en impulsar la geoingeniería o manipulación del clima, alegando que no se pueden” cambiar las causas de la crisis climática. Proponen entonces un “plan B”: técnicas para manipular grandes trozos del planeta, desde oceános a la estratosfera, para contrarrestar los efectos del calentamiento global. Saben que implica enormes riesgos y por eso afirman que es sólo para “casos de emergencia” –que ellos mismos definirán cuándo ocurre.
El lobby del carbón (cabilderos de las industrias de petróleo, energía y transportes), que por décadas negó que había cambio climático, cambió el discurso. Ahora lo aceptan, pero son grandes entusiastas de la geoingeniería. Para estas poderosas industrias (y los gobiernos que les sirven), es excelente la perspectiva de no tener que cambiar nada: proponen enfriar el planeta con tecnologías de alto riesgo, mientras siguen calentándolo sin parar. Así mantienen el lucro que obtienen con las sucias actividades que provocan el cambio climático, y consiguen ganancias adicionales con nuevos megaproyectos de geoingeniería.
El pésimo resultado de las negociaciones sobre el clima en Copenhague el pasado diciembre alentó más a estos piratas globales, que cuentan con un reducido pero influyente sector científico que les teje el discurso de justificación. La geoingeniería, que era vista como un absurdo, ahora ocupa lugares en publicaciones científicas y grandes medios. Instituciones como la Sociedad Real del Reino Unido, la Academia de Ciencias de Estados Unidos y otras, han organizado reportes y seminarios que concluyen que se debe invertir recursos públicos (además de privados) en la investigación y experimentación de geoingeniería. Son informes parciales, con participación de geoingenieros y ninguna o escasa apreciación crítica e independiente, pero sirven de base para la acción de algunos gobiernos. En febrero 2010 los comités de ciencia y tecnología de Estados Unidos y Reino Unido convocaron audiencias con participación casi exclusiva de promotores de la geoingeniería. Luego anunciaron que están elaborando legislación para financiar y permitir estos experimentos.
Esto es muy grave, porque lo que se haga para manipular el clima –un sistema global e interdependiente– no es ni nunca será, competencia de unos o pocos países, es problema de todos. Hablar de “legislación nacional” es simplemente una coartada para jusitificar experimentos que seguramente tendrán impactos dramáticos en otros países, incluso muy lejos de donde se inicien.
Para atajar la crítica, los impulsores de la geoingeniería convocan a una reunión en Asilomar, California, este marzo para crear “códigos de conducta voluntarios”, imitando la reunión que en el mismo lugar hicieron los biotecnológos en 1975, para evitar la regulación y supervisión independiente.
Una de las propuestas que más se impulsan actualmente es inyectar nanopartículas azufradas en la estratosfera, para crear sombrillas gigantes que tapen los rayos solares. David Keith, entusiasta de la geoingeniería, consiguió publicar recientemente un artículo pretendidamente serio sobre el tema, en la revista Nature (28/1/2010). Se inspira en la erupción del volcán Pinatubo en 1991 en Filipinas, cuya nube volcánica bajó la temperatura global 0.5 grados mientras se mantuvo. Claro que cualquiera que haya estado en el área de alcance de una nube volcánica, sabe que su descenso tiene impactos: la ceniza tóxica daña cultivos, flora, fauna y seres humanos. Provoca acidificación de mares y bosques.
Los que propugnan este método –hecho público por el premio Nobel Paul Crutzen en 2006– saben que las partículas inyectadas caerán posteriormente, causando daños similares en mar y tierra, además de muerte prematura de cientos de miles de personas (medio millón estimado). Crutzen contestó que también el cambio climático amenaza la vida de la gente. También se agravará el agujero en la capa de ozono, que ya tiene impactos serios en varios países del mundo: aumento notable de cáncer de piel en humanos y ceguera en ganado comprobados.
Alan Robock, un eminente climatólogo, analizó la propuesta de crear estos parasoles azufrados. Además de confirmar varios de los impactos nombrados, indicó que aunque los experimentos se hicieran en el Ártico (con la idea de “enfriar” los países del Norte, que es el objetivo de sus promotores) tendrían impactos en los patrones de precipitación y vientos globales, alterando los monzones en Asia y aumentando la sequía en África. Robock señala que esto pondría directamente en riesgo las fuentes de agua y alimentos de unos 2 mil millones de personas (Science, 29/1/2010). Explica también que para saber que sucedería con la inyección de azufres, habría que hacerlos a una escala de tal magnitud que no serían “experimentos”, sería despliegue de geoingenería, con efectos irreversibles, porque una vez colocadas en la estratosfera, las partículas no se pueden retirar a voluntad.
Esta es sólo una de las técnicas de geoingeniería que se impulsan, que se suma a otras como las de fertilización oceánica (esas fueron detenidas por una moratoria global de Naciones Unidas en 2008). La geoingeniería es un plan de los mismos gobiernos y empresas que provocaron el cambio climático, para convencernos que podrán resolver el desastre con un “plan B” que traerá más y nuevos riesgos que lo anterior, pero les permitirá mantener sus privilegios.
Ellos habrán diseñado su plan B, pero no existe un planeta B. Es imperativo cambiar las causas, no los síntomas, del cambio climático. La única regulación necesaria sobre geoingeniería es una prohibición global de cualquier experimento o despliegue en el mundo real.
*Investigadora del Grupo ETC

Cerdos, maíz y resistencia

Silvia Ribeiro*
Periódico la Jornada sábado 21 de noviembre de 2009
En Chichicuautla, muy cerca de las porquerías de Granjas Carroll –incubadores de la influenza porcina–, la gente resiste. Resisten la contaminación brutal de tierras, aguas, aire y las enfermedades que les provoca esta carnívora trasnacional, propiedad de Smithfield, la empresa porcícola más grande del globo. Resisten también la represión que contra ellos ejercen los gobiernos estatales en acuerdo con las empresas.
Allí, junto a otras comunidades del Valle de Perote con las que comparten esta lucha, recibieron a principios de noviembre a más de mil delegados y delegadas de la quinta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA). Como tanta veces en el México de abajo, todos colaboraron con lo que podían, ofreciendo comida y abrigo a los que llegaron de todo el país a compartir sus peleas y experiencias. La Asamblea es un crisol de luchas locales y de base contra la devastación ambiental y social que cunde en el país, en campos y ciudades. Convergen aquí pueblos, comunidades y organizaciones que resisten los impactos y el avance de proyectos mineros, represas hidroeléctricas, contaminación petrolera, grandes basureros municipales, hospitalarios, industriales y nucleares; el despojo, sobrexplotación y contaminación de ríos, manantiales y acuíferos; contaminación transgénica del maíz campesino, avance de proyectos “ecoturísticos” que limitan o destruyen formas de vida campesinas e indígenas; la urbanización salvaje y sus impactos. Como explicó Andrés Barreda, todo agravado por 15 años de TLCAN, donde el gobierno ofreció como “ventaja comparativa” de México para las trasnacionales, la libertad de destruir el medio ambiente, dar empleos sucios y mal pagados, y excepciones impositivas.
La quinta ANAA, además de compartir las distintas luchas de sus miembros y trazar estrategias comunes, aprobó tres pronunciamientos específicos: uno en solidaridad con la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, contra la privatización y el autoritarismo del gobierno que deja más de 40 mil familias en la calle; otro en apoyo a las comunidades del Valle de Perote, en su justa lucha contra la contaminación de Granjas Carroll y por el “total retiro de cargos y absolución para José Luis Martínez, Margarita Hernández, Bertha Crisóstomo, María Verónica Hernández y Guadalupe Serrano, ciudadanos de La Gloria, defensores de los recursos naturales, quienes siendo inocentes sufren el hostigamiento y persecución judicial promovido en su contra por Granjas Carroll”; y un tercero contra las siembras de maíz transgénico aprobadas por el gobierno en octubre, por ser “un crimen ambiental, cultural y contra la soberanía alimentaria”. Llaman “a todas las organizaciones, pueblos y comunidades a resistir y rechazar la entrega de nuestro maíz nativo a las trasnacionales y a no plantar ni consumir maíz que no sea campesino”.
No es casualidad que la ANAA se pronunciara especialmente contra el maíz transgénico en esta ocasión: las instalaciones de cría industrial de animales como Granjas Carroll están entre los más beneficiados y confabulados con la introducción del maíz transgénico.
Un argumento que esgrimen los promotores de maíz transgénico en México es que el país “necesita” importar maíz porque la producción no alcanza para el consumo interno, y ya que el importado es transgénico, entonces es “mejor” producirlo aquí, porque además –afirman falsamente– tiene mayores rendimientos.
Pero la realidad es que México produce todo el maíz que necesita para consumo humano. El maíz que se importa va para procesamiento industrial y para alimento de animales confinados en grandes instalaciones: cerdos, aves y ganado, que en creciente porcentaje están en manos de trasnacionales y empresas gigantes como Smithfield, Tyson, Cargill, Pilgrim’s Pride, Bachoco. Según datos (muy modestos) de Sagarpa, en la última década siete trasnacionales pasaron a controlar 35 por ciento de la industria porcícola en México. Mucho más altos grados de concentración aquejan todos los rubros pecuarios. Son esas grandes fábricas de carne las que crean alta demanda de maíz industrial –dando piensos con maíz incluso a animales que antes no lo consumían o no en tal cantidad.
Ese proceso de avance de empresas gigantes en el rubro, significó también que muchos criadores pequeños y hasta medianos fueran a la quiebra –lo cual aún continúa. No pueden competir con la oferta masiva –de mucho peor calidad– ni con los subsidios y excepciones impositivas que reciben estas grandes industrias. Si la producción avícola, porcícola y de ganado no estuviera tan centralizada, los forrajes y piensos serían, como lo eran antes, más diversos y mucho más basados en producción local (que también se puede aumentar, sin transgénicos), generando trabajo y alimento a muchas más familias, evitando también la importación de maíz transgénico y los riesgos que conlleva.
No existirían tampoco la devastadora contaminación ambiental y la generación de epidemias que crean estas grandes industrias –debidas al confinamiento y la absurda cantidad de animales hacinados (Granjas Carroll procesa alrededor de un millón de cerdos al año), a los millones de toneladas de excrementos que se desechan sin procesar en suelos y aguas, que también contienen hormonas, antibióticos y plaguicidas administrados a los pobres animales para que sobrevivan en condiciones terribles.
Construir el mapa de la devastación ambiental, revelar sus conexiones y sus causas –como en este caso– es una herramienta importante para enfrentarla. Por allí, desde abajo, va tejiendo camino la ANAA.
*Investigadora del Grupo ETC

La brecha chiapaneca

Carlos Fazio
La jornada lunes 19 de abril 2010
En el contexto de la estrategia de ocupación de espectro completo (full spectrum) que lleva a cabo Estados Unidos en México, por sus características particulares Chiapas ocupa un lugar central en el mapa del Pentágono. La geografía chiapaneca forma parte de la “brecha” (the gap) en la que se ubican las zonas de peligro sobre las que el hegemón del sistema capitalista mundial debe tener una política agresiva de prevención, disuasión, control e imposición de normas de funcionamiento afines a los intereses corporativos con casa matriz en la nación imperial, pero también de persecución, desarticulación y eliminación de disidentes o insurrectos, considerados enemigos.
Cabe reiterar que no se puede entender y explicar el sistema capitalista sin el concepto de guerra. La guerra es la forma esencial de reproducción del actual sistema de dominación; la guerra es consustancial a la actual fase de conquista y reconquista neocolonial de territorios y espacios sociales. Pero es también un negocio, una forma de imponer la producción de nuevas mercancías y abrir mercados con la finalidad de obtener ganancias. En ese contexto, la brecha chiapaneca se ubica en un área intensiva en biodiversidad, donde existen grandes recursos acuíferos, petróleo y minerales de uso estratégico, todo lo que da sentido práctico rentable a su apropiación territorial y espacial.
Con un agregado: lejos del ruido mediático de la hora, Chiapas, y en particular el área bajo control de las autonomías zapatistas, es una zona creativa y de resistencia civil pacífica al proyecto neoliberal. Un área donde se procesan nuevas formas de emancipación, de construcción de libertad en colectivo por diversos sujetos sociales y movimientos antisistémicos que enarbolan un pensamiento crítico, ético, anticapitalista, contrahegemónico. Fuerzas que operan al margen de las reglas de juego y los usos y costumbres del sistema, y le dan batalla en el campo cultural, donde radican la memoria histórica, las cosmovisiones y utopías. Se trata de un nuevo sujeto histórico que ya no cree en parches ni reformas dentro del sistema y, ajeno a las viejas y nuevas formas de asimilación y cooptación, ensaya otra manera de “hacer política” y de construir un poder alternativo desde abajo. Un verdadero poder popular, autogestivo, plural, de auténtica democracia participativa con sus juntas de buen gobierno, sus municipios autónomos y sus autoridades comunitarias.
Por todo eso, el EZLN, sus bases de apoyo y aliados significan un peligro real, un desafío estratégico para Wa-shington y las grandes corporaciones de los sectores militar, petrolero, minero, biotecnológico, agroalimentario, farmacéutico, hotelero, refresquero y del falso ecoturismo, que hoy libran una sórdida guerra por la tierra y el territorio chiapaneco. Quienes se encuentran en los espacios y territorios donde existen agua, bosques, conocimientos ancestrales, códigos genéticos y otras “mercancías” son, quiéranlo o no, enemigos del capital. Por eso asistimos a una ofensiva conservadora que, bajo la forma de una guerra integral encubierta, asimétrica, irregular, prolongada y de desgaste, busca disciplinar, doblegar y/o eliminar la resistencia del campesinado indígena rebelde para llevar a cabo una restructuración del territorio de acuerdo con los intereses y requerimientos monopólicos clasistas. Se trata de una guerra privatizadora, de despeje territorial y despojo social, que hecha mano de la militarización y paramilitarización del conflicto, de la contención de los movimientos sociales y la criminalización de la protesta para facilitar la libre acumulación capitalista de las trasnacionales y sus aliados vernáculos, mediante un agresivo modelo dominante de agricultura y del espacio rural; un modelo de muerte en beneficio del gran capital.
En la que fue tal vez su última aparición pública, en diciembre de 2007, el subcomandante Marcos advirtió sobre la reactivación de las agresiones militares, policiales y paramilitares en la zona de influencia zapatista. Dijo: “Quienes hemos hecho la guerra sabemos reconocer los caminos por los que se prepara y acerca. Las señales de guerra en el horizonte son claras. La guerra, como el miedo, también tiene olor. Y ahora se empieza ya a respirar su fétido olor en nuestras tierras”. Anunció entonces que el EZLN entraría a una nueva fase de silencio y que se preparaba para resistir solo –abandonado por la intelectualidad progresista y de izquierda ante el supuesto “bajo rating mediático y teórico” del zapatismo– la defensa de la tierra y del territorio recuperado desde 1994 y bajo control de las autonomías, ante la nueva ofensiva que preparaba el émulo de Victoriano Huerta, Felipe Calderón, con su capitalismo de cuartel.
Desde entonces, como parte de la misma estrategia de ocupación de espectro completo diseñada por el Pentágono, la geografía chiapaneca se llenó de retenes y vehículos militares artillados; reaparecieron los operativos de disuasión e inteligencia, los patrullajes y sobrevuelos en zonas consideradas focos rojos, y se reposicionó al Ejército en comunidades con antecedentes de resistencia civil, al tiempo que autoridades locales y federales llevaron a cabo desalojos violentos y reubicaciones forzosas de comunidades indígenas en la Reserva de Biosfera de Montes Azules y otras áreas, como parte de una estrategia de despeje y control territorial que, disfrazada de un “espíritu conservacionista”, busca desplazar a la población para facilitar la apropiación y mercantilización de la tierra y los recursos naturales por el gran capital. Eso explica, también, que articulados desde la sede de la 31 Zona Militar de Rancho Nuevo, grupos paramilitares co-mo la OPDDIC (Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos) y el llamado Ejército de Dios (bajo disfraz evangélico) estén hostigando y destruyendo comunidades zapatistas.

En caída libre

Gustavo Esteva
La Jornada lunes 19 de abril 2010
Murió apenas Emmanuel D’Herrera. El deterioro físico y mental causado por la tortura y reclusión de este notable dirigente del Frente Cívico en Defensa del Valle de Teotihuacán llevó finalmente a un derrame cerebral. Wal-Mart y Felipe Calderón cargan con la principal responsabilidad, pero casi todos nosotros la compartimos.
Emmanuel se enfrentó a la empresa más grande del mundo, con 9 mil tiendas y casi 3 millones de empleados o “asociados”. Wal-Mart México absorbió Wal-Mart Centroamérica. Ahora opera unos 2 mil negocios, con 300 mil “empleados” y ventas por mil millones de pesos diarios. Según el Frente Nacional contra Wal-Mart, México es ya el país que aporta más utilidades a la empresa.
El éxito comercial de Wal-Mart se basa, según el Frente, en la evasión fiscal, la presión sobre sus proveedores y una explotación desusada de los trabajadores, a menudo al margen de la legislación laboral. Los viene-viene de sus estacionamientos, por ejemplo, lavan autos a su costa y tienen que pagar 40 pesos diarios por su derecho a trabajar a cambio de propinas.
Esta operación atroz de la empresa, que causa todo género de perjuicios a la economía, la sociedad y la ecología, sólo puede prosperar en contextos políticos específicos, en que la manipulación de los consumidores se combina con la debilidad y complicidad de los gobiernos.
En vez de la frágil categoría “Estado fallido” se empieza a emplear ahora la de “Estado débil”. Richard Haass, presidente del Consejo de Relaciones Exteriores en Estados Unidos, aboga firmemente por ella. Según él, los desafíos principales del siglo XX fueron creados por “estados fuertes”, que llevaron a dos guerras mundiales y a la guerra fría. Le parece que en el siglo XXI “la amenaza principal al orden global no vendrá del afán de dominio de alguna gran potencia”, sino de los estados débiles, “que carecen de la capacidad de gobernar, de la voluntad de hacerlo, o de ambas cosas” (Newsweek, 8/3/10).
Las recientes visitas de altos funcionarios estadunidenses a México, específicamente del área de seguridad, parecen confirmar la impresión que apunta Haass: los “estados débiles” empiezan a ser vistos como amenazas para el orden global y “riesgos de seguridad” para Estados Unidos. El solo hecho de que se les pueda percibir así se convierte en un riesgo serio para esos países: contiene una amenaza apenas velada de intervención, que se justificaría como necesidad de mantener la estabilidad mundial y de proteger a los ciudadanos estadunidenses.
Habrá tiempo de examinar esta nueva categoría descalificadora y sus consecuencias. Hoy viene a colación porque interesa considerar el nivel en que los analistas políticos colocan a México. Para Haass el México de Calderón está en la misma categoría que el Haití de Préval, el Congo de Kabila, el Yemen de Saleh, el Pakistán de Zardari…Por más humillante que pueda considerarse esta condición, es preciso reconocer que en México resulta cada vez más evidente que Felipe Calderón no tiene capacidad de gobernar ni voluntad de hacerlo. Por ello estaría usando el pretexto del combate al narcotráfico para dar apariencia de legitimidad al ejercicio despótico, arbitrario e ilegal de la violencia contra la población y los movimientos sociales. Este ejercicio se hace crecientemente necesario a medida que se extiende el descontento y se profundiza la insurrección en curso, y ante la necesidad de vencer la resistencia popular para entregar a corporativos como Wal-Mart lo que queda del país.
Es importante tener clara idea del contexto. Cuando The New York Review of Books reseñó una serie de libros que documentaban con todo rigor los daños a la economía y la sociedad causados por Wal-Mart, el presidente del corporativo se sintió obligado a pagar dos planas de la revista para defenderse. El documento tiene la forma de un manifiesto e intenta demostrar que la empresa busca “asegurar que el capitalismo forje una sociedad decente” y mejore el nivel de vida de todos los estadunidenses (NYRB, LII, 6, 7/4/05).
Para que esa empresa pueda seguir lucrando, en beneficio de la familia más rica del mundo, mediante el combate abierto al sindicalismo, el uso de prácticas de estilo monopólico y la explotación salvaje de sus propios trabajadores y los de sus proveedores, necesita gobiernos débiles y corruptos, como el de Calderón, dispuestos a convertirse en sus cómplices. Necesita también la complicidad de consumidores que por ventajas a menudo ilusorias cierran los ojos y desoyen las advertencias de quienes, como Emmanuel D’Herrera y el Frente Nacional contra Wal-Mart, tratan de defender lo que nos queda, antes de que sea demasiado tarde.