Ley de Seguridad: los chantajes del calderonismo
Jesusa Cervantes
25 de abril de 2011. Num. 1799
MÉXICO, DF., 25 de abril (Proceso).- Los diputados federales del PRI pretenden aprobar una nueva Ley de Seguridad Nacional que da sustento jurídico a la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, que otorga autonomía al Ejecutivo federal para autorizar la presencia de militares y que, “de manera encubierta”, permite declarar estados de sitio o de excepción que suspenden temporalmente las garantías individuales.
Luego de que el PRI –partido que con sus 237 votos puede dictar agenda y condicionar aprobación de leyes en la Cámara de Diputados– se mostró renuente a respaldar propuestas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), terminó aceptando todos los cambios que demandaba la Sedena, a pesar de que algunos los había considerado “inaceptables” o generadores de una “alta politización” que haría difícil el tránsito de la nueva ley en el pleno.
El viraje del PRI, de acuerdo con tres fuentes consultadas por Proceso, habría sido provocado por la amenaza del Poder Ejecutivo de dar a conocer los llamados “expedientes negros” que está elaborando en contra de actuales gobernadores priistas por su presunta participación en actividades ilícitas. Proceso constató esta versión por tres fuentes de información distintas que participaron en la negociación: sector castrense, PRI y Senado.
La minuta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional llegó el 28 de abril de 2010, pasó ocho meses en “la congeladora” y, para diciembre de 2010, el presidente de la Comisión de la Defensa Nacional, Ardelio Vargas, concluyó, junto con la Sedena, un nuevo documento que el PRI no se decidió a respaldar.
Al arribo de Humberto Moreira a la dirigencia nacional del PRI, el 4 de marzo pasado, los priistas reactivaron las negociaciones y entraron en contacto con altos mandos militares, entre ellos el general de División Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, subsecretario de la Sedena.
Pero no fue sino hasta el 6 de abril –de acuerdo con las fuentes castrenses– cuando Moreira tuvo una comida con algunos generales que veladamente le advirtieron las consecuencias de no aprobar la Ley de Seguridad Nacional: la publicación de los expedientes.
Menos de una semana después, el 11 de abril, el encargado de llevar las negociaciones desde un inicio por parte del PRI, el diputado del Estado de México Alfonso Navarrete Prida, llegó a la Secretaría de Gobernación con el nuevo documento de 81 cuartillas, según el cual el PRI avala sin corchete alguno cada una de las propuestas del Ejecutivo Federal y de las Fuerzas Armadas.
No obstante, entre los negociadores se advirtió que a pesar de que el PRI avaló todas las demandas, no hay garantía de que “la amenaza de los expedientes” haya sido retirada.
El inicio
El 6 de diciembre de 2006, Felipe Calderón Hinojosa declaró “la guerra” al narcotráfico y el día 7 envió al Ejército a combatirlo en Michoacán, a partir de lo cual la presencia del sector castrense se ha ido extendiendo a todo el país.
El 8 de mayo de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia que autoriza al Ejército y a la Marina a “auxiliar” en el combate al crimen organizado.
Luego, el l9 de marzo de 2008, el general secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, demandó una ley que dé seguridad nacional y no una legislación que sólo otorgue al Ejército el papel de policía.
Al año siguiente, el 23 de abril de 2009, Felipe Calderón envió una propuesta de reforma al Senado de la República, en donde quedó congelada durante un año para ser aprobada en abril de 2010 y llegar a la Cámara de Diputados ese mismo mes.
Después de que el diputado con licencia Ardelio Vargas “rehízo” con las fuerzas castrenses la minuta del Senado, el PRI detuvo cualquier negociación. Proceso dio a conocer en diversos números lo que el Ejército demandaba (ediciones 1747, 1748, 1771 y 1795).
Poco antes de concluir su periodo al frente del PRI, Beatriz Paredes Rangel reactivó las pláticas con los militares. El 21 de febrero de 2011, Navarrete Prida sostuvo un encuentro con el subsecretario de la Sedena, general de división Carlos Demetrio Gaytán, algunos elementos de la Marina y el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Julián Hernández. Por parte del PRI participó Claudia Ruiz Massieu.
La intervención del funcionario de Gobernación se produjo luego de que Navarrete exigió seriedad en el tema y que acudiera “alguien que tuviera capacidad de decisión”, según revelaron fuentes de la Cámara de Diputados.
Al día siguiente, el 22 de febrero, Navarrete Prida y el subcoordinador del PAN, Carlos Alberto Pérez Cuevas, acordaron impulsar un documento para que la minuta fuera “dictaminada” por una sola comisión y no por las cinco en que se encuentra (Defensa, Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Derechos Humanos), con el fin de agilizar su discusión en el pleno.
En paralelo, a la Sedena llegaron versiones de que el PRI, “molesto porque el apoyo de las fuerzas castrenses al gobierno de Felipe Calderón en su guerra contra el narcotráfico se había traducido en respaldo electoral de la ciudadanía al PAN”, según revelaron fuentes castrenses, habría elaborado un documento en donde se solicitaría el enjuiciamiento de las Fuerzas Armadas y del presidente de la República por haber incurrido en posibles violaciones a los derechos humanos.
Enfadados, los principales mandos de la Sedena pidieron un encuentro con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín –cercano a Beatriz Paredes–, el 1 de marzo de 2011, para solicitar una definición del Poder Legislativo en torno a la ley. (Proceso dio detalles del encuentro en su número 1795.)
Ahí, el propio presidente de la Mesa Directiva consideró difícil que se aprobara la reforma en el actual periodo ordinario, que concluye el próximo 30 de abril. Sin embargo, esa primera semana de marzo la posición del PRI empezó a virar.
La amenaza
A uno de los grupos políticos fuertes dentro del PRI llegó la versión de que la Procuraduría General de la República preparaba expedientes políticos en contra de gobernadores priistas, revelaron fuentes de ese partido.
Luego de que, el 4 de marzo, Humberto Moreira asumió la presidencia nacional del PRI, su primera decisión fue intensificar las negociaciones con el sector castrense, pero a las pláticas, que se realizaban en la Secretaría de Gobernación y no en la Cámara de Diputados, dejaron de asistir tanto el priista Navarrete Prida como la Sedena debido a que Gobernación destituyó a su subsecretario de Enlace. Sólo los asesores de cada una de las partes leía y releía el documento de la Sedena y las observaciones de los priistas, sin llegar a nada.
El 14 de marzo, día en que se nombró al nuevo subsecretario de Enlace, Rubén Fernández Aceves –quien fue titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública–, los principales representantes del PRI, Alfonso Navarrete Prida, Claudia Ruiz y un par de generales de la Sedena intensificaron su presencia en las negociaciones.
Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del PAN, dijo en entrevista que a partir de ese día el camino se facilitó y que incluso Francisco Blake Mora participó en varios encuentros.
Ya el 17 de marzo la estrategia del gobierno federal para lograr la aprobación de la nueva ley habría sido modificada, según las fuentes castrenses y los propios priistas. A oídos del grupo negociador del PRI llegó de nuevo la versión sobre los expedientes inculpatorios, sólo que en esa ocasión la amenaza fue más contundente:
“Nos dijeron que esos expedientes de varios gobernadores los darían a conocer una vez que se supiera el nombre del ganador al gobierno del Estado de México. Esto tendría dos efectos: uno, pegarle al PRI en general, y el otro, golpear al aún gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, por ser el puntero en la carrera presidencial”, reveló un funcionario del PRI.
A pesar de ello, el grupo de técnicos de la Sedena y del PRI se volvió a reunir en Gobernación. Curiosamente, el 23 de marzo, allegados a la negociación comentaron que “ya se desatoró y sólo estamos en algunas definiciones”. Y no fue otra cosa que el ver cómo conciliaban las observaciones que el PRI hacía a varias de las propuestas de la Sedena, en el sentido de que aceptarlas generaría grandes “debates políticos”.
El miércoles 6 de abril, un general comentó a Proceso que la nueva ley “pasaría” sólo si ocurriera algo extraordinario. ¿Cómo qué podría ser?, se le preguntó, a lo que respondió con una ligera sonrisa: “Las elecciones del Estado de México, ¿no?”, sin agregar nada más.
Ese mismo 6 de abril, el presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, participó en una comida con algunos “altos mandos” de la Sedena para discutir la reforma. Al término del encuentro, uno de los generales –se pidió no dar a conocer su nombre– dejó caer una hoja con el membrete de la Sedena donde se hacía un análisis de la presencia del narcotráfico en algunos estados del país bajo la complacencia de gobiernos priistas. Además, dejaron entrever que se contaba con toda la información al respecto.
Fuentes de la Sedena consultadas por Proceso revelaron que la confección de los “expedientes negros” sí está en curso; comentaron que la Sedena ofrece datos que ella tiene sobre el tema, que la PGR elabora los documentos y que algunos funcionarios del Poder Judicial “ayudan a sustentarlos”.
Coincidentemente, al día siguiente de la comida entre Moreira y generales de la Sedena, Enrique Peña Nieto sostuvo un encuentro con Felipe Calderón, y un día después el gobernador del Estado de México desayunó con el secretario particular del presidente de la República, Roberto Gil Zuarth.
Previamente, el 31 de marzo, representantes de la ONU recomendaron al gobierno mexicano que el Ejército se retire de las calles en su lucha contra el narcotráfico, debido a que las denuncias por violaciones a los derechos humanos se han incrementado. En 2006 contabilizaban 182 y para 2008 ya sumaban mil 230.
En respuesta, el gobierno federal, a través de Fernando Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo el 2 de abril que el Ejército seguirá en las calles; luego, el propio Calderón advirtió el 8 de abril que así será como “apoyo temporal y subsidiario”.
De manera desconcertante y contrario a su discurso beligerante contra el PAN-gobierno, el presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, apoyó el 11 de abril a Calderón al declarar: “Sería un error regresar al Ejército a los cuarteles en este momento. Sin embargo, considero que sí es necesario revisar la estrategia de algunos puntos que están fallando”.
En sintonía con las expresiones de Moreira, el encargado de conducir las negociaciones por el PRI, el diputado Alfonso Navarrete Prida, arribó a las oficinas de la Secretaría de Gobernación ese mismo día; se reunió con el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Fernando Zamora Castro, y un par de generales de la Sedena para no sólo anunciarles que no habría más trabas de su partido a las peticiones del sector castrense, sino que además les entregaba “el predictamen” de 81 cuartillas sobre la reforma a la Ley de Seguridad Nacional.
Esto significaba que en dicho documento no sólo se incluían los artículos reformados, sino que en 45 cuartillas se hacía toda la justificación de los cambios y se asentaba el impacto presupuestario.
El PRI se doblega
Después de que el diputado con licencia Ardelio Vargas elaboró junto con el sector castrense los cambios a la minuta del Senado, el PRI se dio a la tarea de impulsar, en febrero de 2011, una nueva propuesta de reforma en donde “encorchetó varios de los cambios” propuestos e incluso señaló cuáles serían “intransitables”.
En la elaboración de la propuesta participaron, además de Alfonso Navarrete Prida, la diputada Claudia Ruiz Massieu, y antes, en un primer tramo, los senadores Jesús Murillo Karam y Pedro Joaquín Coldwell.
La minuta del Senado aprobada el 23 de abril de 2010 contenía aspectos como el que los militares fueran juzgados por la justicia civil cuando violentaran los derechos humanos o incurrieran en abusos; que las concentraciones de tipo laboral, social o político no fueran consideradas amenazas a la seguridad nacional; que la declaratoria de afectación (momento en que se acepta la participación del sector castrense) fuera emitida por el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión; pero además no definía los “obstáculos” como aquellos que atentan contra la seguridad nacional, no permitía establecer retenes ni tampoco hacer declaratorias de estado de excepción, entre otras cosas.
Antes de que dicha minuta se aprobara en el Senado, el general secretario Guillermo Galván Galván convocó el 7 de abril en el Salón de Usos Múltiples en la Sedena a los miembros de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. Ahí les solicitó:
“Potestad para realizar cateos en persecuciones en flagrancia; poder para detener durante 24 horas a los presuntos culpables y someterlos a interrogación; potestad para tomar las huellas dactilares de quienes aprehenda; intervenir comunicaciones; rastrear o hackear páginas en internet; poder disolver concentraciones de vehículos (como las ocurridas en abril de 2010 en Tamaulipas y Nuevo León); que se puedan declarar zonas de excepción y eximir a las fuerzas militares de responsabilidad de sus actos, salvo que se les acrediten conductas intencionadas”, revelaron a Proceso asistentes a ese encuentro.
Nada de ello se incluía en la iniciativa que el Ejecutivo había enviado al Senado; sin embargo, cuando la minuta llegó a la Cámara de Diputados, el Ejército continuó su labor de cabildeo.
En octubre de 2010, la Sedena invitó a los mismos legisladores a una demostración del poder de armamento del crimen organizado y les habló de nuevo de lo que los militares deseaban incluir en la minuta del Senado que ya estaba en manos de los diputados.
Proceso informó de lo que molestaba al Ejército de la minuta del Senado por considerar que ciertos aspectos eran anticonstitucionales y porque los altos mandos militares no querían estar supeditados a las órdenes de las policías en el combate al narcotráfico. También se dieron a conocer los 10 puntos que pretendían incluir.
Justamente sobre estos puntos el PRI hizo observaciones. Por ejemplo, el aspecto más importante era que la Sedena planteaba que una vez declarada la afectación, “a juicio del Ejecutivo Federal”, se establecieran “medidas extraordinarias”. Aquí el PRI advertía que básicamente se estaba hablando, “de manera encubierta”, de un “estado de excepción”, y señalaba que incluir ese punto generaría una “alta politización”.
Otra observación que hizo el PRI se refería a la pretensión de que el Ejecutivo solicitara la intervención de los militares y utilizara “todos los recursos” de que dispusiera cuando lo considerara necesario y en tanto se hacía la declaratoria de afectación. Aunque aquí el PRI consideró “correcta” la atribución, señaló que para que ello ocurriera debían establecerse las causas urgentes y las circunstancias que ameritaran la intervención, pues “de otra forma se puede convertir en una acción sumamente peligrosa”. Por lo tanto, pidió que hubiera un marco “de control” para esas medidas.
El PRI fue claro al considerar que, desde “el punto de vista político, es de extrema sensibilidad y temor el aprobar un artículo como éste”.
Sobre las facultades de intervención de comunicaciones privadas que pidió la Sedena, el PRI sostuvo que es de “notoria improcedencia como está planteado, pues no tiene facultades constitucionales, sólo si es autoridad designada como responsable”. En todo caso, a una medida de ese tipo debía dársele temporalidad, con las causas que la justifiquen.
Y en cuanto a las “operaciones encubiertas” que pueden realizar los mandos castrenses, el PRI planteó que pueden ser un “peligro”, pues podrían darse en forma unilateral, sin autorización del titular de la Sedena. Además de que no se aclara cuáles son las “operaciones encubiertas”, señaló, este punto implica una “alta politización”.
Finalmente, “el predictamen” que el PRI entregó a Gobernación el 11 de abril, y que no se distribuyó entre todos los partidos políticos sino hasta el día 22, no incluye los cambios y observaciones que había aportado el PRI. Sólo presenta todo lo que la Sedena propuso y que fue registrado en un documento dado a conocer a los diputados federales en octubre de 2010, así como a Humberto Moreira, en abril de este año, cuando visitó las instalaciones de la Sedena.
El vicecoordinador legislativo del PAN, Alberto Pérez Cuevas, comenta que la Cámara de Diputados espera aprobar el documento el martes 26 de abril para que así lo puedan procesar hasta el día 30, fecha en que concluye el presente periodo de sesiones.
En entrevista telefónica, el senador del PRI Jesús Murillo Karam manifestó que la premisa de los cambios que ellos aprobaron fue que sirviesen “para garantizar a la ciudadanía el respeto a sus garantías y derechos humanos”, y aclaró que se “tuvo cuidado para que el accionar de las Fuerzas Armadas fuera del conocimiento del Congreso de la Unión y sobre lo que dice la Constitución”.
“Nos interesa que el prestigio del Ejército se mantenga y que su intervención sea regulada”, expresó.
–¿Aprobarán los cambios de la Cámara de Diputados a la propuesta de reforma?
–Si viene similar, es posible. Pero si se cambió todo, tendremos que analizar la modificación.
El diputado del PVEM, Pablo Escudero, planteó que los cambios son inaceptables, pero que si el PRI y el PAN los mayoritean “creo que el Senado no los verá con buenos ojos”.
Finalmente, por el PRD, la diputada Teresa Incháustegui dijo que la propuesta de reforma es inaceptable y que incluía todo lo que los generales habían pedido a los diputados. “Lejos de que las relaciones cívico-militares caminen a favor de la transición democrática, esto va en contrasentido”, sentenció.
Invasiones a zonas marítimas federales
Cada que la ocasión lo amerita, los funcionarios mencionan la necesidad de alcanzar una efectiva coordinación entre las distintas dependencias que conforman los gobiernos federal, estatal y municipal. Sin embargo, en la realidad ocurre lo contrario. Una muestra de lo anterior es la construcción de lujosas casas que invaden la zona marítima federal terrestre (franja de 20 metros medidos tierra adentro desde donde rompen las olas del mar), en el fraccionamiento Playacar Fase 1, en Playa del Carmen, Quintana Roo, y que aquí denunciamos antes de que comenzaran los trabajos referidos.
Sin embargo, las autoridades municipales concedieron los permisos de construcción; igual hicieron los responsables de administrar y supervisar las obras que se realizan en dicho fraccionamiento. Ambas instancias no consideraron tampoco la destrucción de la duna que protegía contra la erosión del litoral. Esta erosión, junto con los huracanes, allí dejó anteriormente en ruinas varias mansiones. Se desconoce si los propietarios de las nuevas cuentan con el permiso que en estos casos debe expedir la autoridad federal ambiental.
De ser así, estaríamos ante un claro ejemplo de corrupción. Más evidente porque en la prensa estatal se denunció el asunto, porque el anterior titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) conoció del caso, además de haber una denuncia popular interpuesta ante la delegación estatal de la citada procuraduría. Sin embargo, los trabajos continúan a ritmo acelerado con la idea de consumar en los hechos lo que la ley prohíbe. Muy poderosos e influyentes deben ser los dueños de las mansiones y quienes les consiguen los permisos pues abren fácilmente las puertas de la ilegalidad en las oficinas públicas. Igual la empresa estadunidense que ahora ofrece en venta cuatro lotes más contiguos a las mansiones citadas. Precisamente en esa parte de la franja costera brota agua dulce proveniente de corrientes subterráneas de la península yucateca. Agreguemos finalmente que las corrientes marinas se llevan poco a poco en dicho fraccionamiento y áreas contiguas la arena que se utilizó el año pasado para crear cuatro kilómetros de playa.
También se viola la ley ambiental y otras disposiciones federales en Jalisco, donde con el apoyo del gobernador de la entidad y la fuerza pública local el empresario José María Andrés Villalobos invadió la zona marítima federal terrestre y cerró el tránsito al público hacia la playa de Tenacatita, una de las más tradicionales de dicha entidad. La Profepa ya emplazó al citado empresario a reabrir el paso, desafiando así el poder del góber piadoso.
Por su parte, los ediles de Navolato y Ahome, en Sinaloa, acordaron cobrar una cuota voluntaria de 30 pesos a las personas que ingresen a las playas de esos municipios. La protesta es generalizada, aunque los funcionarios dicen que el dinero lo destinarán a mejorar la franja costera y conservar el manglar. Cabe señalar que las autoridades permiten que los resorts y los hoteles todo incluido prohíban el acceso a a las playas a quienes no están alojados en esos negocios, en clara violación de la ley que garantiza el libre acceso a esa parte del territorio nacional.
Mientras, se demostró la negligencia criminal de las autoridades al no proteger a Javier Torres Cruz, el campesino ecologista asesinado hace una semana en Petatlán, Guerrero, por un grupo vestido de verde olivo. Desde hace cuatro años Javier estaba (junto con su familia) en la mira de quienes se benefician de la destrucción del bosque. En Michoacán es, según el gobierno estatal, la delincuencia organizada la que está detrás de la tala y los conflictos entre pueblos. El jueves pasado los pobladores de Cherán, en la meseta Purépecha, entregaron a las autoridades a cinco talamontes que retuvieron cuando trasladaban en varios camiones madera obtenida en sus terrenos comunales. Los talamontes son de Parácuaro, pueblo vecino. La meseta Purepecha es una de las fábricas de agua más importantes de Michoacán. De ella dependen centros urbanos y actividades agrícolas, que ven cómo escasea el líquido por la deforestación que las autoridades dicen estar combatiendo como nunca.
La globalización del temor nuclear
Nada es más rápidamente globalizable que el temor nuclear, afirma Robert Jay Lifton desde Cambridge, Massachusetts, en su análisis publicado en The New York Times (15/4/11), en el que deja perfectamente fundada la tesis que encierra esta afirmación, que nace al público en la comparación que hace del caso de la tragedia de Fukushima Daiichi con el de Chernobil, en 1986, en la entonces Unión Soviética. La agencia japonesa de seguridad nuclear ha sorprendido a la comunidad científica, el 12 de abril, es decir, un mes exactamente después de los sucesos en ese país del lejano oriente castigado ya en dos ocasiones por la explosión, primero en Hiroshima y en Nagasaki, cuando el presidente de Estados Unidos Harry S. Truman ordenó el bombardeo atómico desde el avión Enola Gay, dando fin a la Segunda Guerra Mundial con Japón mismo, y en todo el Pacífico, con el rendimiento del emperador Hirohito, en 1945; y ha sorprendido a todo el mundo, elevando de 5 al 7 el nivel del accidente en Fukushima, en el que se combinaron por lo menos dos elementos de la naturaleza: el terremoto y el tsunami, que produjeron las filtraciones del líquido nuclear. Esta nueva calificación lo coloca en el mismo nivel que el de Chernobil, de modo que los dos accidentes quedarán como los más graves que se conocen hasta la fecha (Le Monde, 12/4/11).
Fukushima y Chernobil son muy diferentes, ha declarado el jefe del Departamento de Seguridad Nuclear de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), Denis Flory, y agrega que las mecánicas de los dos accidentes son también completamente diferentes. Por otra parte, David E. Sanger y Matt Wald, en The New York Times (13/3/11), publicaron un artículo en el que reconocen que una vez que se ha logrado evaluar las consecuencias de los fenómenos que se produjeron en esta trágica crisis nuclear en Japón, los expertos, tanto del propio Japón como de Estados Unidos, reconocen que el país se enfrenta a una cascada de problemas acumulativos que sugiere que los efectos radiactivos del vapor de la planta afectada por el terremoto y por el tsunami pueden prolongarse por semanas e incluso meses, lo cual enfrenta a todos los países del mundo que tienen decisiones pendientes de tomar respecto del futuro del desarrollo de la energía nuclear en sus propias naciones a una situación de cierto grado de incertidumbre.
Están todos en serios problemas, en vista de la influencia en uno o en otro sentido que es inevitable que tengan las conclusiones a las que se vaya llegando en Japón, por lo que hace a la influencia de los resultados que se obtengan, en lo que ya no es especulativo, sino que es, lisa y llanamente, ciencia aplicada a fenómenos ya ocurridos y cuyas consecuencias se evalúan todos los días. Baste no perder de vista que el análisis de Sanger y Wald es del 13 de marzo, es decir, dos días después del accidente.
Las medidas de emergencia tomadas –inundar con agua de mar los reactores y con el vapor resultante– son un paso desesperado con el que se intenta evitar otros problemas mayores, como la completa fusión de los corazones nucleares en Fukushima Daiichi. Ya se dio el caso de una explosión en el techo del segundo reactor, que no dañó ciertamente el corazón del motor, pero sí causó mayores filtraciones. Hay también el riesgo de que algunos reactores japoneses, como puede suceder igual en Francia o en Alemania, se trabajen con un combustible llamado mox, compuesto de óxidos y plutonio, y aunque Sanger y Wald no expresan alguna seguridad de que los reactores afectados pudieran funcionar de esta manera, si así fuera los vapores liberados tendrían que ser más tóxicos, con las consecuencias que inevitablemente se obtendrían.
Sanger y Wald puntualizan muchos y muy graves riesgos que en estos momentos están corriéndose, y tal parece que es inevitable seguir incurriendo en ello, por lo menos durante algunos meses más. Este trabajo, muy bien informado, que aparece en The New York Times y que fue corregido el 23 de marzo cometió incluso algún error en la identificación de uno de los isótopos empleados, y el propio Pentágono, en Washington, encontró indicios de éstos, en pequeñas cantidades de partículas radiactivas en los helicópteros estadunidenses que volaron a 60 millas, esto es, poco más de 90 kilómetros de distancia de la planta de Fukushima Daiichi. Algunos de los isótopos identificados tienen cierto grado de toxicidad.
Entre otras medidas heroicas, Japón está considerando la posibilidad de bloquear el acceso a la zona de la planta que integra el área de evacuación que se configuró, en los momentos de emergencia, que han sido muchos. Con esta medida habrían de resentir las consecuencias los obreros que por diferentes motivos hubieran evacuado la planta, y que actualmente, sin haber podido regresar a sacar por lo menos sus pertenencias para instalarse más adecuadamente en los campamentos preparados con la urgencia del caso, con este objeto estarían impedidos de acceder a esta zona, para evitar la contaminación radiactiva tan temida.
Ésta parece ser la verdadera situación del gobierno japonés y de quienes de alguna manera colaboran con él para superar la urgencia a la cual están sometidos todos en estos momentos. Nosotros hemos consultado órganos de información sumamente responsables y con acceso a la planta y a quienes son los miembros gubernamentales que han venido trabajando en ello, y lo están haciendo todavía.
La solución que se dé a éstos nos interesa mucho también, pues es bien sabido que se ha considerado con mucha seriedad la posibilidad de incluir a la energía nuclear como solución posible a los problemas que, en todo el planeta están presentándose a la satisfacción del futuro de la demanda de energía, que hoy se suple en gran medida con los combustibles fósiles, petróleo y gas, los que también tienen sus propios problemas, que en todo caso hay que resolver ahora mismo. El tiempo apremia. No hay posibilidades de esperar sin que se amenace a la seguridad nacional del país.
Las reformas a la Ley de Seguridad, para justificar la represión: expertos
Periódico La Jornada
Sábado 23 de abril de 2011, p. 10
Reformar la Ley de Seguridad Nacional para utilizar a las fuerzas armadas en actos de represión contra movimientos sociales, si se consideran una amenaza a la seguridad interior, beneficiará a una administración que no está dispuesta a dejar su guerra contra el narcotráfico, pero a un costo muy alto para los cuerpos militares.
Un Ejército que va en contra de su población está perdido y corre el riesgo de perecer junto con el régimen, afirma Guillermo Garduño Valero, experto en Fuerzas Armadas y Narcotráfico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Por otra parte, para René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de aprobarse la iniciativa de reforma, México enfrentaría un escenario peor al que vivieron algunas naciones sudamericanas durante la década de los 70, alertó.
El académico indicó que permitir que el Ejecutivo federal tenga disposición absoluta de las fuerzas armadas representaría una justificación legal para vivir, en los hechos, un golpe de Estado.
Garduño Valero destacó que, de aprobarse la iniciativa, que daría al Presidente la posibilidad de solicitar la intervención del Ejército y la Marina en contra de movimientos de carácter político, electoral, social y aun laboral, se apoya no sólo a la actual administración federal, sino a quien gane la Presidencia en 2012, factor que no podemos soslayar en un contexto de creciente debilidad política y el avanzado deterioro de los partidos políticos en el país.
Agregó que lanzar a las fuerzas armadas contra movimientos sociales, sería asumir los peores costos, y prueba de ello fue el movimiento estudiantil de 1968, cuyas repercusiones aún vivimos. El Ejército puede estar realmente preocupado cuando se le siguen dando atribuciones al Presidente para que los envíe contra lo que se le ocurra; pero, en los hechos, no existe marco jurídico que regule y justifique su presencia en las calles.
Enfrentamos, agregó, una clase política con “conocimientos escasos o nulos sobre el quehacer de las fuerzas armadas.
A su vez, Jiménez Ornelas demandó al Congreso de la Unión mostrar la dignidad que demanda su encargo y rechazar la iniciativa, que se votaría el lunes. Alertó que se trata de una propuesta aberrante, que pretende dar elementos legales para justificar la represión contra movimientos sociales y políticos”.
¿Estado fallido?
Periódico La Jornada. Jueves 21 de Abril de 2011.
egún Connie Mack, del Subcomité de Asuntos Hemisféricos de la Cámara baja de Estados Unidos, la amenaza de un Estado fallido se asoma a lo largo de nuestra frontera sur con México. Lo advirtió en una sesión en que, según David Brooks, además del uso de términos como Estado fallido y guerra, se contempló la posibilidad de enviar tropas. (La Jornada (J) 14-4-2011 p.9) ¿Cómo llegamos a este estado de cosas? ¿Cuál es la génesis del declive del Estado mexicano?
Pregunto esto porque, casi en paralelo, nuestros diputados reciberon del Senado el proyecto de Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) impulsado por el Banco Mundial (BM) –ente subrogado al Tesoro de EU– y aprobado por el PRI y el PAN, para privatizar los servicios públicos del Estado formalizando relaciones contractuales de largo plazo entre instancias del sector público y del sector privado para la prestación de servicios al sector público o al usuario final en los que se utiliza una infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado.
Manuel Bartlett fue al meollo del asunto al advertir que así arrancaría la progresiva entrega de la gestión de inmensos presupuestos para salud, educación, transportes, seguridad, etcétera, reduciendo el perímetro del Estado. Esa merma es parte del Proyecto 2030 de privatización y desnacionalización (Contralínea 21/2/2010) en vigor desde hace 29 años, cuando se instauran las normas del BM/BID. Asoma la amenaza que menciona Mack, porque ese diseño desplomó la inversión pública en el campo y en el aparato productivo, debilitó al salario, la creación de empleo y polarizó el ingreso. Con la mira en el sector petroeléctrico, colocó en subasta bancos, 58 aeropuertos, las aerolíneas nacionales, 21 administraciones portuarias integrales, ferrocarriles, carreteras etcétera mientras el TLCAN flexibilizó las regulaciones aumentando el flujo de mercancía, incluyendo drogas, armas y dinero, mientras la gran subasta del país nos vulneralizó. Las privatizaciones ofrecen oportunidades al crimen organizado por el retiro del Estado de espacios territoriales y ahora de funciones esenciales.
Como Zedillo vendió puertos y aero-puertos a empresas extranjeras, recordó Jaime Martínez Veloz, los admi-nistradores de esos espacios de seguridad nacional son nombrados desde España, Francia, Alemania, Dinamarca, China y Estados Unidos. Ante la llamada guerra contra el narcotráfico, o ante cualquier conflicto, ¿cuál es el control que tiene el Estado en espacios administrados por personas cuyo cargo se lo deben a una empresa extranjera?. (J/8/4/2011)
Según James Moody, ex jefe de la sección drogas de la División sobre Crimen Organizado del FBI, desde el sexenio de Salinas se usaron incentivos para atraer capital extranjero. Uno de ellos, dice en un documento, es la venta de empresas paraestatales a inversionistas privados, empresas que incluyen importantes instituciones financieras, fábricas y negocios industriales y de servicios de vanguardia con valor de miles de millones de dólares. En esas privatizaciones hubo corrupción y operaciones de lavado de dinero...paraestatales en proceso de privatización fueron compradas por organizaciones de narcotraficantes mexicanos y colombianos(La compraventa de México, p.123). Para Jack Blum, ex jefe de asesores del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el informe de Moody es la incriminación más contundente por parte de un funcionario de Estados Unidos de que el narcotráfico se enseñoreó de México a la sombra de la política modernizadora salinista, que fue alentada por Washington y los organismos financieros internacionales (123-124).
Como Estados Unidos, sus empresas y bancos, además de impulsar la LAPP no detienen el lavado de dinero ni el vasto trasiego de armas ni aclaran Rápido y furioso, México sería un Estado fallido sui generis: ¡amenaza la seguridad de la narcopotencia que lo auspicia!, ¿o es que en realidad van tras el norte del país y su mar patrimonial?
Gñobalización Patricia Galeana
Los Morros del Narco
La Jornada Domingo 20 de Marzo 2011
“El Señor es mi pastor”, repite el jefe a quien Mario (como llamaremos a este joven), cuyo vello púbico apenas termina de asomarse, califica como “un vato a toda madre”. Y Mario hace lo mismo, pronuncia estas cinco palabras al tiempo que dispara su AK-47. También lo hace mientras descuartiza a tres hombres.
Mario fue descubierto por la catedrática tapatía Rossana Reguillo, doctora en ciencias sociales con especialidad en antropología social, una vehemente y apasionada estudiosa del fenómeno del narco, la violencia y el tratamiento que le dan los medios informativos nacionales. Como él, con ese y otros seudónimos, hay jóvenes de 16 años que están involucrados en el fenómeno del narcotráfico y sus primitivas y apabullantes formas de violencia.
Este joven tiene en ese tierno, revuelto y añejado cuerpo –por las vivencias más que por el tiempo– un corazón con 18 muescas: cicatrices de las que habla y presume, no sin dificultad ni diálogos crípticos, por sus 18 muertos, algunos de ellos a balazos, otros con toda clase de mutilaciones. Por eso forma parte de los soldados de La Familia. Los mini soldados, todos ellos niños y jóvenes menores que saben de violencia, adoctrinados para recitar de memoria pasajes bíblicos que les permitan, además de los jales o ajustes de cuentas, quedar bien con el jefe y ganarse su confianza. Son un ejército chico. Un ejercitito compuesto por seres humanos madurados y podridos a punta de chingazos, entrenados para matar y obedecer sin preguntar, a los que vale más “no caerles mal, porque no la cuentas”. Saben de armas, tienen disciplina y reflejan, como Reguillo lo ha señalado en su trabajo, una “trilogía difícil de entender: narco, poder y religión”.
Son niños curtidos, adiestrados y usados para cobrar cuotas, llevar mensajes, avisar de la llegada del Ejército o de los “pinchis afis”. A los más bravos se les da una paga por “bajarse a cabrones pasados de lanza” y a otros, los más avezados, para llevar el producto de un sitio a otro. Ellos no se drogan ni consumen alcohol, sólo están ahí, como un utensilio de cocina, un objeto, un gatillo o un detonador: listos para incendiar, para matar.
Es la zona conocida como Tierra Caliente, Michoacán. Tierra, reinado, plaza y diócesis de La Familia, organización criminal dedicada al narcotráfico y a la comisión de otros delitos. La también llamada La Familia Michoacana evangeliza a sus integrantes, tiene su propia Biblia o normas espirituales, y justifica muchos de sus delitos como “justicia divina”, tal y como lo expresa en los mensajes que deja en los cadáveres de sus víctimas.
Algunos de sus fundadores y actuales líderes, como José de Jesús Méndez Vargas, Nazario Moreno González (muerto a finales de 2010) y Servando Gómez Martínez, apodado La Tuta, formaban parte del cártel del Golfo y de Los Zetas, pero se separaron en 2006. En gran medida, su doctrina tiene base en la unidad familiar, en Dios, en evitar las drogas y el alcoholismo. Han insistido en señalar que ellos no matan inocentes y que no tienen problemas con el Ejército mexicano, institución a la que respetan, no así a dos de los principales jefes de la lucha antinarco emprendida por el gobierno federal de Felipe Calderón: Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública (SSP), y Arturo Chávez, titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
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La Familia tiene su origen en Michoacán, pero ha extendido su influencia a zonas del Distrito Federal, estado de México, Guanajuato y Guerrero. Versiones extraoficiales señalan que opera con el cártel de Tijuana, de los Arellano Félix, para el traslado de droga en la región. Aunque información más reciente, atribuida a la PGR y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), indica que desde 2009 La Familia trabaja conjuntamente con los cárteles de Sinaloa y el Golfo.
Para Eduardo Buscaglia, catedrático y asesor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los verdaderos líderes de esta organización criminal están encumbrados en los ámbitos empresarial y político del país. En junio de 2009, el especialista afirmó que la infiltración de las organizaciones del narcotráfico “a través de sobornos o amenazas, en los gobiernos municipales, ha alcanzado niveles históricos”, pues, según un estudio que él encabezó, 72 por ciento de los municipios mexicanos han sido infiltrados por los cárteles de las drogas. “Por ello, los procesos electorales en todo el país estarán marcados por dinero sucio y no sólo de las drogas. El crimen organizado es un asunto de dinero, de economía, no se trata sólo de ir detrás del enemigo cuando te invade”, manifestó Buscaglia.
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Mario nació en el municipio de Turicato, en la zona conocida como Tierra Caliente, estado de Michoacán, el 15 de febrero de 1994. Forma parte de una familia compuesta, hasta hace un par de años, por siete integrantes. El mayor, el que se llevaba bien con su apá, como llama a su padre, fue levantado por desconocidos, al parecer integrantes del Ejército mexicano, aunque no se descarta que hayan sido los mismos Zetas, y no fue localizado.
Entonces todo se vino abajo: una de sus hermanas se juntó con un “puto” narco pesadillo, de esos que llegaron de Morelia, la capital del estado; otra se fue a Estados Unidos y no han sabido más de ella, y el resto, con todo y padres, emigró a Morelia, “porque acá ya no se puede vivir, es un chingado desmadre. Se puso bien caliente la cosa... Muertos un día y otro también”.
“Pos nada, que llegaron los putos Zetas y por el otro lado la gente del cabrón de El Chapo, y no teníamos armamento del bueno, ni en cantidades; había que andar muy listos todos y pos… fue el tiempo en que yo me inicié.”
Luego de la desaparición del hijo mayor, su padre se hizo “como más chiquito y envejeció”. Mario ya no lo ve. Él es el cuarto de los hijos y siente cierto desagrado por no llevar el nombre de su padre (pues lo mereció el primero, por mayor, el desaparecido). Habla de su vida reciente como si se refiriera a un pasado viejo, ancestral; como si todo lo malo hubiera pasado en la antigüedad, y los idos, sus hermanos y hermanas, sus padres, ya no vistos por él, de quienes no ha tenido noticias y apenas sabe que están en la capital de Michoacán, estuvieran muertos. Lo único tibio que mantiene a la mano, vigente, que le recuerda que es casi un niño, un hijo de familia, es esa medalla de la Virgen de Guadalupe que guarda en uno de los bolsillos del pantalón. Esa medalla, esa imagen, lo lleva al mismo tiempo, mágicamente, con su madre. Y aparecen nubes oscuras en esa mirada de niño, en esos ojos que se agrandan y empequeñecen, gritones y desconfiados a la hora de hablar de sus odiseas, su contribución, su buen comportamiento ante los jefes, sus pasajes bíblicos que estaba a punto de recitar cuando se vino aquel primer trabajo.
Su jefe, dice Mario, es un “vato a toda madre”, de cerca de 25 años, que recita la Biblia de memoria, y de quien aprendió más de religión que con el señor cura. Ese jefe de Mario gozaba de todas las confianzas del patrón, del capo mayor, el mandamás. Él le encargaba los trabajos especiales que requerían de cierto nivel de seguridad y garantía al cien por ciento.
“Un día me tocó acompañar al jefe en un jale muy cabrón. Había que darle piso al puto de una tiendita que andaba de hocicón, muy amistado con la gente mala, poniendo dedo a la gente de nosotros. Y eso, pos sí no. Él me dijo ‘ándale, agarra el machete y los cartuchos y súbete a la camioneta’.”
En una ocasión, recordó Mario, le tocó escuchar una conversación entre el patrón máximo y su jefe. Aquel le decía que si “todo estaba jodido” era porque la gente había dejado de leer la Biblia y de creer en Dios. Que eran hombres lo que necesitaba la lucha que habían emprendido y que el éxito llegaría pronto: tomarían bajo su control la zona serrana de Michoacán, pero también la costa y otras regiones, “y se van a chingar todos y todos van a saberse la Biblia”.
Mario, que había escuchado aquella conversación, quiso terciar pero se arrepintió. Había puesto mucha atención en un pasaje de las Sagradas Escrituras y orgulloso quería mostrarles a los jefes que él había aprendido.
“Yo estaba bien emocionado y quería recitarles los versos de la Biblia que me había aprendido de memoria, pero pus ni cómo, yo apenas era un pendejo; pero eso sí, con ganas de progresar y de darle a mi tierra lo que mi tierra merecía, sacar a todos los hijos de la chingada que no creían, y…”
Ese día, Mario se quebró a sus primeros tres. Lo dice desde un rincón ensombrecido de su mente, con esa mirada tierna y retorcida, sentado en cuclillas, agavillado, ya con dosis de inocente perversidad. “Me chingué al puto de la tienda, a su hermano y a un compita que andaba con ellos y a veces con nosotros. La verdad no sentí nada, les metí el chivo como si ya supiera y mi jefe nomás se reía. Me dijo ‘bien bravo salistes, mi Mario’. Él se persignó y dijo, en tono de oración, ‘El señor es mi pastor’. Y la verdad yo estaba contento de que mi jefe estuviera contento. Pero lo malo vino después”.
En eso, saca la medalla de la virgen, la coloca en la izquierda y la soba con la derecha. Un silencio eterno de medio minuto. La medalla arropada por esas manos todavía tiernas, cuarteadas por los gatillos y machetes, que no han florecido ni a golpes de pegar los ojos y memorizar esos pasajes plasmados en las Sagradas Escrituras.
Y continuó: “Al cabrón de mi jefe se le ocurrió llevarle un regalo al patrón: sacó un cuchillo ‘endemoniado’, del tamaño de su muslo, y zas, zas, zas, les cortó la cabeza a los tres”. Eso le recordó a Mario cuando su padrino decapitaba a las gallinas allá, en el rancho.
“Se me entumecieron las piernas y se escondió la risa. Pero todos los de la camioneta estaban muy contentos y pos ya que… yo también dije: ‘El señor es mi pastor’ mientras metía una de las cabezas a una bolsa bien negra… que era pa’ que no los divisáramos nosotros… eso pienso ahora, porque nosotros, de verdá, no somos como la gente mala, aquí nomás se ajusticia a quien se la ganó.”
Como su corta vida, macabra, de jugo sanguinolento y piezas de piel, huesos y músculos, fueron desmembrando esos tres, luego fueron cinco, seis, siete, hasta sumar sus 18 muescas marcadas en sus órganos internos, los de su memoria y su cementerio íntimo, con guadañas del tamaño de la pierna de su jefe, ese, el cabrón, el “a toda madre”.
Mario voltea a ver a su interlocutor. No parece buscar perdón. No, porque no hay arrepentimiento. Tal vez no dimensiona.
Ya no. Tal vez busca que lo entiendan. Busca a su madre en los ojos del otro, en la medalla de la Virgen de Guadalupe y se sabe muerto. En poco tiempo, lo sabe, no mirará más ni sobará sus recuerdos, ya teñidos.
Mario está fumando. Le entra. Un toque, dos, tres. Con estilo, como si fuera un pasón que llegue hasta los pulmones, contamine el corazón, salpique el cerebro, despierte el recuerdo, el mejor, que guarda de su madre, a quien rescata de ese pasado antiguo.
–¿Cómo imaginas tu muerte?
Suelta el humo, estilo de vago que contrasta con su cuerpo en crecimiento. Media sonrisa, media muerte, asoman.
“Si voy a caer muerto, mejor con una bala expansiva que me reviente el cerebro pa’ ya no acordarme de nada. O que me hagan pedacitos, pa’ evitarle la pena a mi amá, el dolor de velarme. Y es que en este jale ya no alcanza con morirse.” (28 de octubre de 2010.)
Cada día es mayor el número de menores de edad que participan activamente en las actividades del narcotráfico en México. Niños y jóvenes de 13, 14, 15 años y hasta los 21 o 23 años actúan alucinados y con feroz valentía en levantones, asesinatos, decapitaciones, transporte de droga y secuestros. Historias reales de esos acontecimientos son recogidos en este libro, del cual publicamos un adelanto para los lectores de La Jornada, con autorización de editorial Aguilar
Claude Lefort: la democracia, negación del totalitarismo
Sergio Ortiz Leroux
En octubre de 2010 murió el filósofo francés Claude Lefort. Por desgracia, su obra filosófica-política no ha sido suficientemente divulgada en nuestras tradiciones académicas e intelectuales. Salvo honrosas excepciones –como las revistasMetapolítica en su primera época y Casa del Tiempo–, su pensamiento político se ha discutido, hasta ahora, en reducidos círculos académicos de México. Quizá este olvido se deba, entre otras razones, a que el filósofo cofundador, junto con Cornelius Castoriadis, de la mítica revistaSocialisme ou Barbarie, pertenece a una especie política en peligro de extinción: la de los pensadores.
En su prolífica obra (en castellano Las formas de la historia. Ensayos de antropología política, México, FCE, 1988; Ensayos sobre lo político, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1991; La invención democrática, Buenos Aires, Nueva Visión, 1990; La incertidumbre democrática. Ensayos sobre lo político, Barcelona, Anthropos, 2004; El arte de escribir y lo político, Barcelona, Herder, 2007; y Maquiavelo. Lecturas de lo político, Madrid, Trotta, 2010), Lefort hace del pensamiento un motivo para reconciliarse –y de paso reconciliarnos– con el acontecimiento clave que marcó a su tiempo y generación: el totalitarismo. Para el pensador nacido en 1924, el fenómeno totalitario no surgió del vacío; no es fruto de seres malignos o mentes sádicas con complejos de inferioridad, ni tampoco es una forma velada que asume el Gran Capital o una casta burocrática para reafirmar su dominación sobre el proletariado. El totalitarismo, por el contrario, es la experiencia sociopolítica que define al siglo XX. No existe, según Lefort, otro acontecimiento que haya puesto a prueba de manera más palpable el sentido de lo humano y de lo inhumano, de lo justo y de lo injusto, como el totalitarismo. Todo es posible en la sociedad totalitaria. Nada del más acá le resulta ajeno.
La democracia como negación del totalitarismo
El peso de la experiencia totalitaria no paralizó la iniciativa de Claude Lefort. Por el contrario, nuestra autor elabora, en respuesta a este acontecimiento político singular, una filosofía política de la libertad o, si se quiere, de la democracia como negación del totalitarismo. Desde el binomio democracia/totalitarismo, Lefort construye una filosofía política que tiene como punto de partida una nueva teoría delo político. En clave lefortiana, lo político no es un hecho, una cosa, una conducta o una superestructura, sino es, ante todo, un espacio simbólico al cual debemos arrancarle su significado. Para Lefort, el significado de lo político no puede ser reducido a una teoría de las instituciones políticas –como supone la ciencia política positivista– ni puede ser disuelto en una filosofía de la historia y del sujeto de la historia, cuya fuerza normativa ha acabado por determinar el sentido y las formas de la acción –como supone el marxismo–, sino que lo político tiene un sentidoinstituyente que no puede agotarse en lo instituido.
Lefort encuentra en la obra de Nicolás Maquiavelo una veta muy fértil para repensar el sentido instituyente de lo político moderno. En la filosofía política del escritor y político florentino, identifica un amor a la libertad y un rechazo a la dominación, que no aparecen por ningún lado en la ciencia política y el marxismo, que reducen toda idea de libertad a un hecho positivo, empírico o a una ideología que encubre la práctica de la clase dominante. A diferencia de Karl Marx, Maquiavelo reconoce la división social como constitutiva de la sociedad política y, por tanto, como algo insuperable. Frente a la dialéctica de la necesidad, el escritor florentino antepondrá la contingencia de los deseos humanos en la sociedad política. A partir de esa contingencia, Maquiavelo desarrolla una nueva teoría de lo político que tiene como punto de partida una elaboración singular de la división entre sociedad civil y Estado, esto es, del modo como se constituye una sociedad política.
Desde la irreconciliable diferencia entre la sociedad civil y el Estado, entre lo político y lo social, Lefort elabora una teoría simbólica de la democracia y el totalitarismo. El auge del totalitarismo, tanto en su vertiente fascista como en su variante comunista, nos coloca, según Lefort, en la necesidad de volver a interrogara lo político, en este caso a la democracia. Preguntar por la democracia implica elucidar los principios generadores de una forma de sociedad en virtud de los cuales ésta puede relacionarse consigo misma de una manera singular a través de sus divisiones. En la óptica que nos abre Lefort, la democracia no puede ser reducida a una forma de gobierno o de Estado, o a un procedimiento para la toma de decisiones por parte de la mayoría de los ciudadanos, sino es, ante todo, unaforma de sociedad, es decir, un tipo de constitución y un modo de vida radicalmente opuestos a la sociedad totalitaria. Esta última forma de sociedad, según Lefort, se instituye a partir de la negación de los dispositivos simbólicos de la democracia, es decir, es el resultado de la inversión de sentido del régimen político que se construyó a partir de la distinción entre el polo del poder, el polo de la ley y el polo del saber, y de la aceptación de la división social, el conflicto y la heterogeneidad social. En el fondo, lo que se aprecia en el totalitarismo es una tentativa de apropiación por parte del poder, de la ley y el conocimiento de los principios y fines últimos de la vida social. Secuestro que encuentra en la figura del Partido al principal agente de la fusión entre el Estado y la sociedad civil, y de la identificación entre el Pueblo, el Proletariado, el Estado y el famoso “Egócrata” retratado por Alexander Solzhenitsyn en su Archipiélago Gulag (1973).
¿Muerte del totalitarismo?
Con la llegada del siglo XXI, muchos analistas afirman que el totalitarismo ya es cosa del pasado. Entre las numerosas sorpresas que deparó el arribo del tercer milenio de nuestra era, destaca precisamente el “final” de los regímenes políticos que se instituyeron a partir de la imbricación entre los polos del poder, el saber y el derecho, y de la negación de la división, el conflicto y la heterogeneidad sociales. Los demonios del totalitarismo, aseguran, ya fueron exorcizados por los ángeles de la democracia. Después de la larga noche totalitaria, se avizora un prometedor amanecer democrático que, sostienen, ya no será interrumpido por nada ni por nadie.
Claude Lefort no comparte el optimismo de aquellos que afirman que el totalitarismo ya fue depositado por la democracia en el basurero de la historia. Desde su mirada, la democracia moderna no ha encontrado en el presente ni encontrará en el futuro la vacuna contra el virus totalitario. Siempre que la incertidumbre que activa la sociedad democrática deviene insoportable por razones políticas, económicas o sociales; siempre que el deseo de pensamiento es sustituido por una exigencia desmesurada de creencia, aparece en el horizonte inmediato el fantasma totalitario. Nada sencillo resulta vivir en una forma de sociedad en donde no existen garantías últimas sobre el sentido del poder, el derecho y el saber sino todo está sujeto a una invención permanente. La democracia, en clave lefortiana, es una sociedad que requiere inventarse a sí misma de manera constante o el riesgo de retroceder al totalitarismo es inevitable.
Si lo anterior es cierto, entonces no existen razones suficientes para afirmar que el totalitarismo desapareció definitivamente de la faz de la tierra por el simple hecho de que murió el nazismo y desapareció el comunismo soviético. Por el contrario, el fantasma del totalitarismo continúa interpelando a las sociedades contemporáneas, porque las representaciones simbólicas que le dieron sentido y proyección histórica a ese régimen político continúan seduciendo el imaginario de los mortales. En cualquier momento, como advirtió magistralmente Alexis de Tocqueville, el deseo de libertad que alimenta a la democracia puede mutar en deseo de servidumbre.
La democracia, afirma Cornelius Castoriadis, es el régimen del riesgo histórico y, por eso, es un régimen trágico. La tragedia de la democracia radica, entre otras cosas, en que en cualquier momento las certezas acerca de la naturaleza, el sentido y el porvenir de la sociedad pueden remplazar a las incertidumbres sobre el origen y el destino de lo social; y la voluntad del Uno (sea éste el partido político, el césar democrático o el demagogo mediático) puede erigirse como depositaria o heredera de la voluntad de los muchos o de todos. La democracia le exige al ciudadano de a pie un deseo de libertad, una pasión por la exploración de lo desconocido, una voluntad de autonomía individual, en suma, una mayoría de edad kantiana que el totalitarismo jamás le va a solicitar.
Pero la democracia no puede ser vista, en clave lefortiana, como una estación de paso necesaria rumbo a la terminal totalitaria. Si así fuera, estaríamos dándole a la democracia un tratamiento de simple causa y al totalitarismo de mera consecuencia. Para Lefort, las relaciones causa-efecto pierden toda validez en el orden de lo simbólico. Empero, ello no exime a la democracia del peligro de caer en las redes de la “servidumbre voluntaria” (Etienne De la Boétie). Cuando crece la inseguridad de los individuos –como consecuencia, por ejemplo, de una crisis económica o de una guerra civil–; cuando el conflicto entre los grupos, las clases, las etnias o las nacionalidades se polariza hasta el extremo y no encuentra ya resolución simbólica y provisional en la esfera política; cuando el poder parece decaer hacia el plano de lo real y se muestra dentro de la sociedad como algo particular al servicio de unos cuantos; cuando la búsqueda de la verdad es sustituida por la Verdad revelada por Dios, la Historia o la Naturaleza; cuando todo ello sucede, se desarrolla entonces, según Lefort, el fantasma del pueblo-Uno, la búsqueda de una unidad sustancial, de un cuerpo unido a su propia cabeza. Quizá la lectura de la obra Lefort pueda ayudarnos a advertir los peligros que arrastran los viejos y nuevos fantasmas totalitarios de nuestro tiempo. Si cumpliéramos esta tarea, le rendiríamos a Lefort el mejor de los homenajes a unas semanas de su fallecimiento.
EL ESTADO 2011
EL ESTADO-2011
Introducción
El Estado constituye el objeto de estudio más importante de la Ciencia Política, toda vez que de su estructura y funcionamiento se deriva en gran medida la conducción y el comportamiento de la economía de un país, así como las formas que adquieren la seguridad social, la seguridad pública y la seguridad nacional.
Es propósito de este curso, que los alumnos tengan nociones claras sobre la importancia y significado del Estado, tomando en consideración que sus estudios profesionales los habrán de seguir en carreras de disciplinas sociales; aun en los casos que no es así, los conocimiento que adquieran sobre el Estado, les serán útiles ya que la influencia de esta entidad abarca a todos los ámbitos de la vida social económica y cultural de una nación.
La presencia del Estado es perceptible desde la vida familiar, hasta las más amplias complejidades que se puedan encontrar en el mundo. Partimos de una visión sencilla e inmediata, hasta las formas del Estado Mexicano, mediante un rodeo histórico- teórico.
EL PROCEDIMIENTO
Se toman como guía dos instituciones fundamentales de la sociedad:
FAMILIA. El estudiante comienza a reflexionar sobre el hecho de que en el seno mismo de su familia, el Estado está presente mediante las leyes: sus padres contrajeron matrimonio civil y de ello tienen el acta correspondiente; él como hijo fue registrado y también existe el acta respectiva; sus padres tienen los derechos y obligaciones que establece la ley para con él.
ESCUELA. En la escuela también se está sujeto a normas establecidas. Los estudios son certificados por la institución del Estado correspondiente, desde los niveles de educación básica hasta los grados profesionales que permitirán el desenvolvimiento del individuo en alguna ocupación o especialidad.
LA VIDA SOCIAL O PÚBLICA
- El varón, al cumplir 18 años de edad, debe cumplir con el servicio militar, este servicio lo presta ante la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN), quien al término del servicio, extiende la Cartilla correspondiente, que en adelante será requisito indispensable para actividades personales como adquirir un empleo o salir del país.
- El ciudadano que desee salir del país, en forma legal, si es menor de edad, requiere del permiso de sus padres, además de gestiones ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobernación, etc. Si es mayor de edad requiere de un pasaporte que le extiende S. R. E.
- Toda persona tiene derecho a recibir protección por parte del sistema de seguridad (Policía, Procuraduría, Vigilantes, etc.). A la vez, cada individuo está obligado a hacer observancia de normas y leyes para no ser sujeto de ninguna sanción.
- En caso de poseer automóvil o casa, debe pagar impuestos ante la Secretaría de Finanzas del lugar.
- De igual manera pasa por una verificación por el cuidado del Medio Ambiente.
EL EMPLEO. Cuando se adquiere un empleo, solicitante y patrón firman un contrato donde se establecen: salario, horario y condiciones laborales; todo ello a la luz de la Ley Federal del Trabajo y de las disposiciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Al cubrirse estas formalidades, se incorpora el trabajador a la población económicamente activa (PEA).[1]
EN RESUMEN
Se ha mencionado anteriormente que las leyes otorgan el derecho y la obligación a las diversas dependencias del Estado para que intervengan en la vida familiar, escolar y pública del individuo y del conjunto de la sociedad.
Estas leyes emanan del Poder Legislativo, integrado en México por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que conjuntamente componen el CONGRESO DE LA UNIÓN.
La observancia y el cumplimiento de la ley se define en tres instancias: Jueces, Magistrados y Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponden al Poder Judicial de la Federación.
El ejército y todos los sistemas de seguridad tienen capacidad de ejercer la fuerza cuando el Estado lo considera necesario. Se supone que es para el bien común.
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“Hasta aquí el propósito ha sido el de simplificar al estudiante la explicación de lo que es el Estado y para ello se ha echado mano de lo que él conoce y vive.”
El estudiante ubicará que el Estado se expresa como el poder máximo que existe dentro de una nación. No hay otra institución que pueda equipararse en representatividad y capacidad de acción, a este hecho se le llama soberanía del Estado.
La soberanía le da al Estado poder y autoridad que se expresa en las acciones que despliega a través de sus funciones; éstas serán legítimas si se dan en beneficio del conjunto de la sociedad, si no es así, la legitimidad del poder estatal estará en entredicho.
LA HISTORIA REGISTRA DIVERSAS FORMAS ESTATALES
El Estado camina junto con la civilización, sus acciones hacia la sociedad cambian de acuerdo a condiciones históricas, políticas, sociales y culturales, pero sobre todo económicas. Es así que en la historia encontramos: Estados despótico- tributarios (mexica); imperios (Roma), monarquías absolutistas (España, Francia, G.B.) etc. Es hasta el advenimiento del capitalismo, con las revoluciones sociales y las teorías políticas, cuando el Estado adquiere formas de representatividad social en sus aparatos de decisión. Fueron los países industrializados los primeros en adoptar regímenes representatívos : Parlamento o poder legislativo, y un poder judicial que administrase la justicia en forma independiente.
En el siglo XIX, los Estados Unidos y los países de Latinoamérica que obtuvieron su independencia de los gobiernos europeos, asumieron la forma representativa de tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
FUNCIONES DEL ESTADO
Hemos visto que al Estado corresponde:
1) Actuar como mediador, cuando así se requiere en relación a los intereses de la familia.
2) Recabar los impuestos para dar cumplimiento a las funciones que tiene comprometidas con la sociedad.
3) Impartir la educación básica al conjunto de la sociedad.
4) Proporcionar protección y seguridad a la ciudadanía.
5) Asumir las obras que brinden bienestar y cuidad de vida: transportes, comunicaciones, alumbrado, servicio de agua, de drenaje, etc. (infraestructura).
6) Decidir sobre las formas de propiedad de la tierra, actuar como mediador en las relaciones del capital y el trabajo. A través de su dependencia correspondiente, hacer el reconocimiento de los sindicatos y de definir si una huelga es legal o no.
7) Impulsar el desarrollo económico. Aquí el Estado guarda relación con los capitalistas, toda vez que son ellos los que invierten su capital en la producción de bienes y servicios.
Como puede observarse, el Estado tiene amplios poderes para articular los factores que den cohesión y viabilidad al país. En tanto, esta sociedad es plural en intereses y propósitos, el papel del Estado es altamente complejo; es común que incurra en acciones y procedimientos susceptibles de ser criticados. A la sociedad corresponde definir si lo que hace es legítimo o no, en el entendido de que con frecuencia, las acciones del Estado que benefician a un sector, perjudican a otros.
Una visión de conjunto del Estado nos revela la magnitud de su importancia, lo cual implica la obligatoriedad de consultar diversas interpretaciones, a fin de abrir un abanico que permita al estudiante situarse en la diversidad de posiciones ideológicas y políticas que constituyen la expresión de los intereses diversos y contrapuestos que actúan en una permanente correlación de fuerzas:
“las sociedades contemporáneas son conglomerados de grupos e intereses diversos y en ocasiones contrapuestos. Coexisten en ellas clases sociales con diferentes necesidades y aspiraciones que satisfacer. A fin de que todos estos intereses singulares que se enfrentan en los terrenos de la vida económica y social puedan convivir dentro de un mismo espacio físico y temporal, el Estado fija reglas generales y obligatorias para todos los miembros de una sociedad, establece procedimientos y traza canales precisos para el despliegue de los mismos. El Estado es la arena donde se dirimen los conflictos sociales. Es una institución, o más bien un conjunto de instituciones, que la sociedad ha creado para moderar el conflicto entre clases e intereses diferentes, a fin de mantenerlos dentro de cierto orden que permita el desenvolvimiento de las actividades que ahí se dan”[2]
Toda discusión sobre el Estado comienza desde su origen mismo. Para Norberto Bobbio no es posible “dejar de plantearse el problema de si el Estado existió siempre o si es un fenómeno histórico que aparece en un cierto momento de la evolución de la humanidad” (Emmerich, Gustavo Ernesto. Alarcón Olguín, Victor. Tratado de Ciencia Política. Ed. Anthropos. México. 2007. Pp. 34.) Bobbio Norberto, Estado, Gobierno y sociedad. Fondo de Cultura Económica. México. 2001. Pp. 97. Para el politólogo italiano el Estado nace como un ordenamiento político necesario por la disolución de la comunidad primitiva y el desarrollo de comunidades de mayor amplitud.
Para Thomas Hobbes (pensador británico 1588-1679) en su obra el Leviatán, el Estado surgió en medio de una situación natural en que los seres humanos vivían permanentemente enfrentados y era por tanto necesario construir un oren artificial en el que tuvieren posibilidades de sobrevivir. Para Hobbes el hombre en estado natural tiene una esencia malvada y sin un poder capaz de controlar, se dirigen a una guerra de todos contra todos “Hobbes, Thomas. Leviatán. Ed. Fondo de Cultura Económica. México. Pp. 102. Citado por Emmerich, Gustavo Ernesto. Alarcón Olguín, Victor. Tratado de Ciencia Política. Ed. Anthropos. México. 2007.
John Locke, también pensador británico, no compartía la idea de Hobbes sobre el estado de naturaleza de la humanidad, para él los hombres vivían en completa libertad sobre sus actos y sus propiedades; vivían en condición de igualdad con poder y derechos recíprocos y por lo tanto sin formas de sometimientos de unos por otros. La razón de organizarse políticamente se dio con el fin de que hubiese una autoridad reconocida por todos cuando ocurriera algún atropello o diferencia entre sus miembros.
Hobbes tenía una visión negativa de la sociedad, en tanto que Locke la veía en forma positiva, sin embargo ambos pensadores coinciden en que la humanidad vivía en un estado de naturaleza y que se había dado una especie de contrato político para garantizar la sobrevivencia la paz y el desarrollo. Esta concepción se conoce como contractualista y en esta forma se pasó de una condición primitiva a un proceso de civilización.
Para los teóricos Hall e Ikenberry el primer Estado reconocible se da en Mesopotamia tres mil años antes de Cristo[3]. De acuerdo a los autores señalados en otros lugares de Oriente como China y la India hubo Estados pero muy débiles debido a las escasas comunicaciones el control era limitado. El Estado moderno surge en relación con el capitalismo en Europa, es Nicolás Maquiavelo (1469-1527) es el primer pensador de la época en hacer referencia al Estado como una institución autónoma, separada de principios éticos y religiosos.
En el siglo XIX cuando los países europeos avanzaban hacia su consolidación económica y política, también se desarrollo el debate que dio lugar a teorías de trascendencia universal: el liberalismo, el marxismo y el realismo “Emmerich, Gustavo Ernesto. Alarcón Olguín, Víctor. Tratado de Ciencia Política. Ed. Anthropos. México. 2007”.
EL LIBERALISMO
El liberalismo puso el acento en los hechos individuales, ubicaba al Estado como factor de desarrollo de los derechos de las personas cuando estos fueran compatibles con la sociedad. Se trataba de una concepción individualista de la sociedad. Los intereses y necesidades del individuo deben estar por encima de la sociedad. Para esta concepción el Estado moderno es de corte liberal, individualista, con limites jurídicos para el poder del Estado donde los gobernados cuentan de manera principal, es por ello que la doctrina liberal se perfila favorable a la burguesía que se propone asignarle al Estado la función solamente de vigilante. El liberalismo tuvo diferentes interpretaciones tanto en el orden político como en el orden económico y social.
EL MARXISMO
En el siglo XIX, el capitalismo ya mostraba plenamente los rasgos que lo definían como la acumulación de riquezas en manos de los propietarios de los medios de producción y por otro lado la explotación de las masas trabajadoras; otro rasgo era su necesidad expansiva en busca de recursos y de mercados, todo en aras de la ganancia. Aunque no existe, en Carlos Marx, una teoría completa sobre el Estado, su contribución importante radica en declarar el carácter clasista del Estado.
EL REALISMO
La teoría del realismo, referida al Estado, sostiene que esta institución es fundamental en el mantenimiento del orden interno y la paz en las sociedades de cada nación.
Por su parte, Max Weber uno de los pensadores de la sociología contemporánea más importantes, definió al Estado como “aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio reclama para sí en monopolio de la coacción física legitima” (Max Weber, Economía y Sociedad. Pp. 1056. Citado por Emmerich, Gustavo Ernesto. Alarcón Olguín, Víctor. Tratado de Ciencia Política. Ed. Anthropos. México. 2007).
Tres elementos constitutivos del Estado: un territorio, un pueblo y la potestad Estatal o soberanía.
REGÍMENES POLÍTICOS.
Las diferentes concepciones que sobre el Estado han existido, no son solamente un ejercicio académico, ni una referencia que se quede en el contexto de las ideas políticas. Un régimen político implica la forma de actuar de las instituciones gubernamentales sobre la economía, la cultura y hasta en lo más íntimo de la familia y del individuo. “un régimen político se distingue de otro por la manera como se selecciona a la clase gobernante y el tipo de funciones que éste desempeña; por la forma como se procesan las decisiones políticas, por el tipo de relaciones que se dan entre las distintas instituciones, y por la manera como se organiza la sociedad para desarrollar su participación política.
De esta manera, son varias las razones por las que es posible identificar un régimen democrático: éste se finca en un procedimiento de selección de los gobernantes que es abierto a la participación de las más diversas corrientes de opinión, a través del ejercicio del sufragio libre, universal y secreto, es decir, es pluralista y tolerante; existe un sistema de partidos competitivo que permite que cualquiera de éstos pueda conquistar el poder Ejecutivo y Legislativo, está normada por el principio de la división de poderes.” (Puga, Cristina. Peschard, Jaqueline. Castro, Teresa. “Hacia la sociología”. Ed. Pearson. 3ra edición. México. 1999. Pp. 99).
En estos regímenes se admite la diferencia de ideologías y la participación política con aspiraciones al poder. Se mueven con libertad relativa posiciones de izquierda que reclaman demandas en favor de las clases mayoritarias y posiciones de derecha con exigencias particulares de sectores acomodados o aun privilegiados; con frecuencia la ideología de dercha tiene rasgos más o menos marcados de religión y moral conservadora.
“Un régimen autoritario, en cambio, funciona a partir de una estructura vertical de dirección política; no está abierto al pluralismo. Así, la participación política está restringida y no hay elecciones libres, ni un sistema de partidos políticos competitivos.” (Puga, Cristina. Peschard, Jaqueline. Castro, Teresa. “Hacia la sociología”. Ed. Pearson. 3ra edición. México. 1999. Pp. 99).
En el siglo XX, los casos extremos de regímenes autoritarios, fueron el fascismo en Italia ( Benito Musulini) y el nazismo en Alemania,( Adolfo Hitler), ambos contemporáneos, fueron factores decisivos para el desencadenamiento de la segunda guerra mundial. El caso del nazismo encabezado por Adolfo Hitler con una concepción excluyente en grado máximo lo condujo al exterminio de millones de personas, principalmente judíos de Europa. A la ferocidad de este régimen le siguieron dictaduras militares en América Latina, principalmente en las décadas 60´s, 70´s y 80´s del siglo XX. Una dictadura más que cabe mencionar por la trascendencia que tuvo, incluso para México, fue la dictadura de Francisco Franco en España de 1939 a 1975, esta dictadura se conoció con el nombre de falangismo y cumple enteramente con las características de las autoras mencionadas.
El caso de México.
[1] Es la población mayor de 12 años que tiene una ocupación remunerada al momento de efectuarse los censos. José Silvestre Méndez Morales. 100 Preguntas y Respuestas en torno a la Economía mexicana. Edit. Océano. México. 1983. p.129.
[2] Puga, Cristina. Peschard, Jaqueline. Castro, Teresa. “Hacia la sociología”. Ed. Pearson. 3ra edición. México. 1999. Pp. 81-82.
[3] Ídem. Pp. 36.