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Ley de Seguridad: los chantajes del calderonismo

Revista Proceso

Jesusa Cervantes
25 de abril de 2011. Num. 1799



La diputación priista se dispone a aprobar esta semana reformas a la Ley de Seguridad Nacional que, propuestas por la Sedena, habían sido consideradas violatorias de las garantías individuales. Fuentes castrenses, del PRI y del Senado –cuya minuta están modificando los diputados– dieron a conocer la causa del viraje: El Poder Ejecutivo ha integrado “expedientes negros” de gobernadores priistas vinculados con “actividades ilícitas”, y varios generales advirtieron al nuevo dirigente del Revolucionario Institucional, Humberto Moreira, que si no eran aprobados los cambios propuestos por el Ejército, dichos expedientes serían publicados…

MÉXICO, DF., 25 de abril (Proceso).- Los diputados federales del PRI pretenden aprobar una nueva Ley de Seguridad Nacional que da sustento jurídico a la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, que otorga autonomía al Ejecutivo federal para autorizar la presencia de militares y que, “de manera encubierta”, permite declarar estados de sitio o de excepción que suspenden temporalmente las garantías individuales.

Luego de que el PRI –partido que con sus 237 votos puede dictar agenda y condicionar aprobación de leyes en la Cámara de Diputados– se mostró renuente a respaldar propuestas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), terminó aceptando todos los cambios que demandaba la Sedena, a pesar de que algunos los había considerado “inaceptables” o generadores de una “alta politización” que haría difícil el tránsito de la nueva ley en el pleno.

El viraje del PRI, de acuerdo con tres fuentes consultadas por Proceso, habría sido provocado por la amenaza del Poder Ejecutivo de dar a conocer los llamados “expedientes negros” que está elaborando en contra de actuales gobernadores priistas por su presunta participación en actividades ilícitas. Proceso constató esta versión por tres fuentes de información distintas que participaron en la negociación: sector castrense, PRI y Senado.

La minuta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional llegó el 28 de abril de 2010, pasó ocho meses en “la congeladora” y, para diciembre de 2010, el presidente de la Comisión de la Defensa Nacional, Ardelio Vargas, concluyó, junto con la Sedena, un nuevo documento que el PRI no se decidió a respaldar.

Al arribo de Humberto Moreira a la dirigencia nacional del PRI, el 4 de marzo pasado, los priistas reactivaron las negociaciones y entraron en contacto con altos mandos militares, entre ellos el general de División Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, subsecretario de la Sedena.

Pero no fue sino hasta el 6 de abril –de acuerdo con las fuentes castrenses– cuando Moreira tuvo una comida con algunos generales que veladamente le advirtieron las consecuencias de no aprobar la Ley de Seguridad Nacional: la publicación de los expedientes.

Menos de una semana después, el 11 de abril, el encargado de llevar las negociaciones desde un inicio por parte del PRI, el diputado del Estado de México Alfonso Navarrete Prida, llegó a la Secretaría de Gobernación con el nuevo documento de 81 cuartillas, según el cual el PRI avala sin corchete alguno cada una de las propuestas del Ejecutivo Federal y de las Fuerzas Armadas.

No obstante, entre los negociadores se advirtió que a pesar de que el PRI avaló todas las demandas, no hay garantía de que “la amenaza de los expedientes” haya sido retirada.

El inicio

El 6 de diciembre de 2006, Felipe Calderón Hinojosa declaró “la guerra” al narcotráfico y el día 7 envió al Ejército a combatirlo en Michoacán, a partir de lo cual la presencia del sector castrense se ha ido extendiendo a todo el país.

El 8 de mayo de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia que autoriza al Ejército y a la Marina a “auxiliar” en el combate al crimen organizado.

Luego, el l9 de marzo de 2008, el general secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, demandó una ley que dé seguridad nacional y no una legislación que sólo otorgue al Ejército el papel de policía.

Al año siguiente, el 23 de abril de 2009, Felipe Calderón envió una propuesta de reforma al Senado de la República, en donde quedó congelada durante un año para ser aprobada en abril de 2010 y llegar a la Cámara de Diputados ese mismo mes.

Después de que el diputado con licencia Ardelio Vargas “rehízo” con las fuerzas castrenses la minuta del Senado, el PRI detuvo cualquier negociación. Proceso dio a conocer en diversos números lo que el Ejército demandaba (ediciones 1747, 1748, 1771 y 1795).

Poco antes de concluir su periodo al frente del PRI, Beatriz Paredes Rangel reactivó las pláticas con los militares. El 21 de febrero de 2011, Navarrete Prida sostuvo un encuentro con el subsecretario de la Sedena, general de división Carlos Demetrio Gaytán, algunos elementos de la Marina y el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Julián Hernández. Por parte del PRI participó Claudia Ruiz Massieu.

La intervención del funcionario de Gobernación se produjo luego de que Navarrete exigió seriedad en el tema y que acudiera “alguien que tuviera capacidad de decisión”, según revelaron fuentes de la Cámara de Diputados.

Al día siguiente, el 22 de febrero, Navarrete Prida y el subcoordinador del PAN, Carlos Alberto Pérez Cuevas, acordaron impulsar un documento para que la minuta fuera “dictaminada” por una sola comisión y no por las cinco en que se encuentra (Defensa, Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Derechos Humanos), con el fin de agilizar su discusión en el pleno.

En paralelo, a la Sedena llegaron versiones de que el PRI, “molesto porque el apoyo de las fuerzas castrenses al gobierno de Felipe Calderón en su guerra contra el narcotráfico se había traducido en respaldo electoral de la ciudadanía al PAN”, según revelaron fuentes castrenses, habría elaborado un documento en donde se solicitaría el enjuiciamiento de las Fuerzas Armadas y del presidente de la República por haber incurrido en posibles violaciones a los derechos humanos.

Enfadados, los principales mandos de la Sedena pidieron un encuentro con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín –cercano a Beatriz Paredes–, el 1 de marzo de 2011, para solicitar una definición del Poder Legislativo en torno a la ley. (Proceso dio detalles del encuentro en su número 1795.)

Ahí, el propio presidente de la Mesa Directiva consideró difícil que se aprobara la reforma en el actual periodo ordinario, que concluye el próximo 30 de abril. Sin embargo, esa primera semana de marzo la posición del PRI empezó a virar.

La amenaza

A uno de los grupos políticos fuertes dentro del PRI llegó la versión de que la Procuraduría General de la República preparaba expedientes políticos en contra de gobernadores priistas, revelaron fuentes de ese partido.

Luego de que, el 4 de marzo, Humberto Moreira asumió la presidencia nacional del PRI, su primera decisión fue intensificar las negociaciones con el sector castrense, pero a las pláticas, que se realizaban en la Secretaría de Gobernación y no en la Cámara de Diputados, dejaron de asistir tanto el priista Navarrete Prida como la Sedena debido a que Gobernación destituyó a su subsecretario de Enlace. Sólo los asesores de cada una de las partes leía y releía el documento de la Sedena y las observaciones de los priistas, sin llegar a nada.

El 14 de marzo, día en que se nombró al nuevo subsecretario de Enlace, Rubén Fernández Aceves –quien fue titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública–, los principales representantes del PRI, Alfonso Navarrete Prida, Claudia Ruiz y un par de generales de la Sedena intensificaron su presencia en las negociaciones.

Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del PAN, dijo en entrevista que a partir de ese día el camino se facilitó y que incluso Francisco Blake Mora participó en varios encuentros.

Ya el 17 de marzo la estrategia del gobierno federal para lograr la aprobación de la nueva ley habría sido modificada, según las fuentes castrenses y los propios priistas. A oídos del grupo negociador del PRI llegó de nuevo la versión sobre los expedientes inculpatorios, sólo que en esa ocasión la amenaza fue más contundente:

“Nos dijeron que esos expedientes de varios gobernadores los darían a conocer una vez que se supiera el nombre del ganador al gobierno del Estado de México. Esto tendría dos efectos: uno, pegarle al PRI en general, y el otro, golpear al aún gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, por ser el puntero en la carrera presidencial”, reveló un funcionario del PRI.

A pesar de ello, el grupo de técnicos de la Sedena y del PRI se volvió a reunir en Gobernación. Curiosamente, el 23 de marzo, allegados a la negociación comentaron que “ya se desatoró y sólo estamos en algunas definiciones”. Y no fue otra cosa que el ver cómo conciliaban las observaciones que el PRI hacía a varias de las propuestas de la Sedena, en el sentido de que aceptarlas generaría grandes “debates políticos”.

El miércoles 6 de abril, un general comentó a Proceso que la nueva ley “pasaría” sólo si ocurriera algo extraordinario. ¿Cómo qué podría ser?, se le preguntó, a lo que respondió con una ligera sonrisa: “Las elecciones del Estado de México, ¿no?”, sin agregar nada más.

Ese mismo 6 de abril, el presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, participó en una comida con algunos “altos mandos” de la Sedena para discutir la reforma. Al término del encuentro, uno de los generales –se pidió no dar a conocer su nombre– dejó caer una hoja con el membrete de la Sedena donde se hacía un análisis de la presencia del narcotráfico en algunos estados del país bajo la complacencia de gobiernos priistas. Además, dejaron entrever que se contaba con toda la información al respecto.

Fuentes de la Sedena consultadas por Proceso revelaron que la confección de los “expedientes negros” sí está en curso; comentaron que la Sedena ofrece datos que ella tiene sobre el tema, que la PGR elabora los documentos y que algunos funcionarios del Poder Judicial “ayudan a sustentarlos”.

Coincidentemente, al día siguiente de la comida entre Moreira y generales de la Sedena, Enrique Peña Nieto sostuvo un encuentro con Felipe Calderón, y un día después el gobernador del Estado de México desayunó con el secretario particular del presidente de la República, Roberto Gil Zuarth.

Previamente, el 31 de marzo, representantes de la ONU recomendaron al gobierno mexicano que el Ejército se retire de las calles en su lucha contra el narcotráfico, debido a que las denuncias por violaciones a los derechos humanos se han incrementado. En 2006 contabilizaban 182 y para 2008 ya sumaban mil 230.

En respuesta, el gobierno federal, a través de Fernando Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo el 2 de abril que el Ejército seguirá en las calles; luego, el propio Calderón advirtió el 8 de abril que así será como “apoyo temporal y subsidiario”.

De manera desconcertante y contrario a su discurso beligerante contra el PAN-gobierno, el presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, apoyó el 11 de abril a Calderón al declarar: “Sería un error regresar al Ejército a los cuarteles en este momento. Sin embargo, considero que sí es necesario revisar la estrategia de algunos puntos que están fallando”.

En sintonía con las expresiones de Moreira, el encargado de conducir las negociaciones por el PRI, el diputado Alfonso Navarrete Prida, arribó a las oficinas de la Secretaría de Gobernación ese mismo día; se reunió con el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Fernando Zamora Castro, y un par de generales de la Sedena para no sólo anunciarles que no habría más trabas de su partido a las peticiones del sector castrense, sino que además les entregaba “el predictamen” de 81 cuartillas sobre la reforma a la Ley de Seguridad Nacional.

Esto significaba que en dicho documento no sólo se incluían los artículos reformados, sino que en 45 cuartillas se hacía toda la justificación de los cambios y se asentaba el impacto presupuestario.

El PRI se doblega

Después de que el diputado con licencia Ardelio Vargas elaboró junto con el sector castrense los cambios a la minuta del Senado, el PRI se dio a la tarea de impulsar, en febrero de 2011, una nueva propuesta de reforma en donde “encorchetó varios de los cambios” propuestos e incluso señaló cuáles serían “intransitables”.

En la elaboración de la propuesta participaron, además de Alfonso Navarrete Prida, la diputada Claudia Ruiz Massieu, y antes, en un primer tramo, los senadores Jesús Murillo Karam y Pedro Joaquín Coldwell.

La minuta del Senado aprobada el 23 de abril de 2010 contenía aspectos como el que los militares fueran juzgados por la justicia civil cuando violentaran los derechos humanos o incurrieran en abusos; que las concentraciones de tipo laboral, social o político no fueran consideradas amenazas a la seguridad nacional; que la declaratoria de afectación (momento en que se acepta la participación del sector castrense) fuera emitida por el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión; pero además no definía los “obstáculos” como aquellos que atentan contra la seguridad nacional, no permitía establecer retenes ni tampoco hacer declaratorias de estado de excepción, entre otras cosas.

Antes de que dicha minuta se aprobara en el Senado, el general secretario Guillermo Galván Galván convocó el 7 de abril en el Salón de Usos Múltiples en la Sedena a los miembros de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. Ahí les solicitó:

“Potestad para realizar cateos en persecuciones en flagrancia; poder para detener durante 24 horas a los presuntos culpables y someterlos a interrogación; potestad para tomar las huellas dactilares de quienes aprehenda; intervenir comunicaciones; rastrear o hackear páginas en internet; poder disolver concentraciones de vehículos (como las ocurridas en abril de 2010 en Tamaulipas y Nuevo León); que se puedan declarar zonas de excepción y eximir a las fuerzas militares de responsabilidad de sus actos, salvo que se les acrediten conductas intencionadas”, revelaron a Proceso asistentes a ese encuentro.

Nada de ello se incluía en la iniciativa que el Ejecutivo había enviado al Senado; sin embargo, cuando la minuta llegó a la Cámara de Diputados, el Ejército continuó su labor de cabildeo.

En octubre de 2010, la Sedena invitó a los mismos legisladores a una demostración del poder de armamento del crimen organizado y les habló de nuevo de lo que los militares deseaban incluir en la minuta del Senado que ya estaba en manos de los diputados.

Proceso informó de lo que molestaba al Ejército de la minuta del Senado por considerar que ciertos aspectos eran anticonstitucionales y porque los altos mandos militares no querían estar supeditados a las órdenes de las policías en el combate al narcotráfico. También se dieron a conocer los 10 puntos que pretendían incluir.

Justamente sobre estos puntos el PRI hizo observaciones. Por ejemplo, el aspecto más importante era que la Sedena planteaba que una vez declarada la afectación, “a juicio del Ejecutivo Federal”, se establecieran “medidas extraordinarias”. Aquí el PRI advertía que básicamente se estaba hablando, “de manera encubierta”, de un “estado de excepción”, y señalaba que incluir ese punto generaría una “alta politización”.

Otra observación que hizo el PRI se refería a la pretensión de que el Ejecutivo solicitara la intervención de los militares y utilizara “todos los recursos” de que dispusiera cuando lo considerara necesario y en tanto se hacía la declaratoria de afectación. Aunque aquí el PRI consideró “correcta” la atribución, señaló que para que ello ocurriera debían establecerse las causas urgentes y las circunstancias que ameritaran la intervención, pues “de otra forma se puede convertir en una acción sumamente peligrosa”. Por lo tanto, pidió que hubiera un marco “de control” para esas medidas.

El PRI fue claro al considerar que, desde “el punto de vista político, es de extrema sensibilidad y temor el aprobar un artículo como éste”.

Sobre las facultades de intervención de comunicaciones privadas que pidió la Sedena, el PRI sostuvo que es de “notoria improcedencia como está planteado, pues no tiene facultades constitucionales, sólo si es autoridad designada como responsable”. En todo caso, a una medida de ese tipo debía dársele temporalidad, con las causas que la justifiquen.

Y en cuanto a las “operaciones encubiertas” que pueden realizar los mandos castrenses, el PRI planteó que pueden ser un “peligro”, pues podrían darse en forma unilateral, sin autorización del titular de la Sedena. Además de que no se aclara cuáles son las “operaciones encubiertas”, señaló, este punto implica una “alta politización”.

Finalmente, “el predictamen” que el PRI entregó a Gobernación el 11 de abril, y que no se distribuyó entre todos los partidos políticos sino hasta el día 22, no incluye los cambios y observaciones que había aportado el PRI. Sólo presenta todo lo que la Sedena propuso y que fue registrado en un documento dado a conocer a los diputados federales en octubre de 2010, así como a Humberto Moreira, en abril de este año, cuando visitó las instalaciones de la Sedena.

El vicecoordinador legislativo del PAN, Alberto Pérez Cuevas, comenta que la Cámara de Diputados espera aprobar el documento el martes 26 de abril para que así lo puedan procesar hasta el día 30, fecha en que concluye el presente periodo de sesiones.

En entrevista telefónica, el senador del PRI Jesús Murillo Karam manifestó que la premisa de los cambios que ellos aprobaron fue que sirviesen “para garantizar a la ciudadanía el respeto a sus garantías y derechos humanos”, y aclaró que se “tuvo cuidado para que el accionar de las Fuerzas Armadas fuera del conocimiento del Congreso de la Unión y sobre lo que dice la Constitución”.

“Nos interesa que el prestigio del Ejército se mantenga y que su intervención sea regulada”, expresó.

–¿Aprobarán los cambios de la Cámara de Diputados a la propuesta de reforma?

–Si viene similar, es posible. Pero si se cambió todo, tendremos que analizar la modificación.

El diputado del PVEM, Pablo Escudero, planteó que los cambios son inaceptables, pero que si el PRI y el PAN los mayoritean “creo que el Senado no los verá con buenos ojos”.

Finalmente, por el PRD, la diputada Teresa Incháustegui dijo que la propuesta de reforma es inaceptable y que incluía todo lo que los generales habían pedido a los diputados. “Lejos de que las relaciones cívico-militares caminen a favor de la transición democrática, esto va en contrasentido”, sentenció.

Invasiones a zonas marítimas federales

IVÁN RESTREPO

Periódico La Jornada. Domingo 25 de Abril de 2011. Opinión p. 16


Cada que la ocasión lo amerita, los funcionarios mencionan la necesidad de alcanzar una efectiva coordinación entre las distintas dependencias que conforman los gobiernos federal, estatal y municipal. Sin embargo, en la realidad ocurre lo contrario. Una muestra de lo anterior es la construcción de lujosas casas que invaden la zona marítima federal terrestre (franja de 20 metros medidos tierra adentro desde donde rompen las olas del mar), en el fraccionamiento Playacar Fase 1, en Playa del Carmen, Quintana Roo, y que aquí denunciamos antes de que comenzaran los trabajos referidos.

Sin embargo, las autoridades municipales concedieron los permisos de construcción; igual hicieron los responsables de administrar y supervisar las obras que se realizan en dicho fraccionamiento. Ambas instancias no consideraron tampoco la destrucción de la duna que protegía contra la erosión del litoral. Esta erosión, junto con los huracanes, allí dejó anteriormente en ruinas varias mansiones. Se desconoce si los propietarios de las nuevas cuentan con el permiso que en estos casos debe expedir la autoridad federal ambiental.

De ser así, estaríamos ante un claro ejemplo de corrupción. Más evidente porque en la prensa estatal se denunció el asunto, porque el anterior titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) conoció del caso, además de haber una denuncia popular interpuesta ante la delegación estatal de la citada procuraduría. Sin embargo, los trabajos continúan a ritmo acelerado con la idea de consumar en los hechos lo que la ley prohíbe. Muy poderosos e influyentes deben ser los dueños de las mansiones y quienes les consiguen los permisos pues abren fácilmente las puertas de la ilegalidad en las oficinas públicas. Igual la empresa estadunidense que ahora ofrece en venta cuatro lotes más contiguos a las mansiones citadas. Precisamente en esa parte de la franja costera brota agua dulce proveniente de corrientes subterráneas de la península yucateca. Agreguemos finalmente que las corrientes marinas se llevan poco a poco en dicho fraccionamiento y áreas contiguas la arena que se utilizó el año pasado para crear cuatro kilómetros de playa.

También se viola la ley ambiental y otras disposiciones federales en Jalisco, donde con el apoyo del gobernador de la entidad y la fuerza pública local el empresario José María Andrés Villalobos invadió la zona marítima federal terrestre y cerró el tránsito al público hacia la playa de Tenacatita, una de las más tradicionales de dicha entidad. La Profepa ya emplazó al citado empresario a reabrir el paso, desafiando así el poder del góber piadoso.

Por su parte, los ediles de Navolato y Ahome, en Sinaloa, acordaron cobrar una cuota voluntaria de 30 pesos a las personas que ingresen a las playas de esos municipios. La protesta es generalizada, aunque los funcionarios dicen que el dinero lo destinarán a mejorar la franja costera y conservar el manglar. Cabe señalar que las autoridades permiten que los resorts y los hoteles todo incluido prohíban el acceso a a las playas a quienes no están alojados en esos negocios, en clara violación de la ley que garantiza el libre acceso a esa parte del territorio nacional.

Mientras, se demostró la negligencia criminal de las autoridades al no proteger a Javier Torres Cruz, el campesino ecologista asesinado hace una semana en Petatlán, Guerrero, por un grupo vestido de verde olivo. Desde hace cuatro años Javier estaba (junto con su familia) en la mira de quienes se benefician de la destrucción del bosque. En Michoacán es, según el gobierno estatal, la delincuencia organizada la que está detrás de la tala y los conflictos entre pueblos. El jueves pasado los pobladores de Cherán, en la meseta Purépecha, entregaron a las autoridades a cinco talamontes que retuvieron cuando trasladaban en varios camiones madera obtenida en sus terrenos comunales. Los talamontes son de Parácuaro, pueblo vecino. La meseta Purepecha es una de las fábricas de agua más importantes de Michoacán. De ella dependen centros urbanos y actividades agrícolas, que ven cómo escasea el líquido por la deforestación que las autoridades dicen estar combatiendo como nunca.

La globalización del temor nuclear

GONZALO MARTÍNEZ CORBALÁ


Nada es más rápidamente globalizable que el temor nuclear, afirma Robert Jay Lifton desde Cambridge, Massachusetts, en su análisis publicado en The New York Times (15/4/11), en el que deja perfectamente fundada la tesis que encierra esta afirmación, que nace al público en la comparación que hace del caso de la tragedia de Fukushima Daiichi con el de Chernobil, en 1986, en la entonces Unión Soviética. La agencia japonesa de seguridad nuclear ha sorprendido a la comunidad científica, el 12 de abril, es decir, un mes exactamente después de los sucesos en ese país del lejano oriente castigado ya en dos ocasiones por la explosión, primero en Hiroshima y en Nagasaki, cuando el presidente de Estados Unidos Harry S. Truman ordenó el bombardeo atómico desde el avión Enola Gay, dando fin a la Segunda Guerra Mundial con Japón mismo, y en todo el Pacífico, con el rendimiento del emperador Hirohito, en 1945; y ha sorprendido a todo el mundo, elevando de 5 al 7 el nivel del accidente en Fukushima, en el que se combinaron por lo menos dos elementos de la naturaleza: el terremoto y el tsunami, que produjeron las filtraciones del líquido nuclear. Esta nueva calificación lo coloca en el mismo nivel que el de Chernobil, de modo que los dos accidentes quedarán como los más graves que se conocen hasta la fecha (Le Monde, 12/4/11).

Fukushima y Chernobil son muy diferentes, ha declarado el jefe del Departamento de Seguridad Nuclear de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), Denis Flory, y agrega que las mecánicas de los dos accidentes son también completamente diferentes. Por otra parte, David E. Sanger y Matt Wald, en The New York Times (13/3/11), publicaron un artículo en el que reconocen que una vez que se ha logrado evaluar las consecuencias de los fenómenos que se produjeron en esta trágica crisis nuclear en Japón, los expertos, tanto del propio Japón como de Estados Unidos, reconocen que el país se enfrenta a una cascada de problemas acumulativos que sugiere que los efectos radiactivos del vapor de la planta afectada por el terremoto y por el tsunami pueden prolongarse por semanas e incluso meses, lo cual enfrenta a todos los países del mundo que tienen decisiones pendientes de tomar respecto del futuro del desarrollo de la energía nuclear en sus propias naciones a una situación de cierto grado de incertidumbre.

Están todos en serios problemas, en vista de la influencia en uno o en otro sentido que es inevitable que tengan las conclusiones a las que se vaya llegando en Japón, por lo que hace a la influencia de los resultados que se obtengan, en lo que ya no es especulativo, sino que es, lisa y llanamente, ciencia aplicada a fenómenos ya ocurridos y cuyas consecuencias se evalúan todos los días. Baste no perder de vista que el análisis de Sanger y Wald es del 13 de marzo, es decir, dos días después del accidente.

Las medidas de emergencia tomadas –inundar con agua de mar los reactores y con el vapor resultante– son un paso desesperado con el que se intenta evitar otros problemas mayores, como la completa fusión de los corazones nucleares en Fukushima Daiichi. Ya se dio el caso de una explosión en el techo del segundo reactor, que no dañó ciertamente el corazón del motor, pero sí causó mayores filtraciones. Hay también el riesgo de que algunos reactores japoneses, como puede suceder igual en Francia o en Alemania, se trabajen con un combustible llamado mox, compuesto de óxidos y plutonio, y aunque Sanger y Wald no expresan alguna seguridad de que los reactores afectados pudieran funcionar de esta manera, si así fuera los vapores liberados tendrían que ser más tóxicos, con las consecuencias que inevitablemente se obtendrían.

Sanger y Wald puntualizan muchos y muy graves riesgos que en estos momentos están corriéndose, y tal parece que es inevitable seguir incurriendo en ello, por lo menos durante algunos meses más. Este trabajo, muy bien informado, que aparece en The New York Times y que fue corregido el 23 de marzo cometió incluso algún error en la identificación de uno de los isótopos empleados, y el propio Pentágono, en Washington, encontró indicios de éstos, en pequeñas cantidades de partículas radiactivas en los helicópteros estadunidenses que volaron a 60 millas, esto es, poco más de 90 kilómetros de distancia de la planta de Fukushima Daiichi. Algunos de los isótopos identificados tienen cierto grado de toxicidad.

Entre otras medidas heroicas, Japón está considerando la posibilidad de bloquear el acceso a la zona de la planta que integra el área de evacuación que se configuró, en los momentos de emergencia, que han sido muchos. Con esta medida habrían de resentir las consecuencias los obreros que por diferentes motivos hubieran evacuado la planta, y que actualmente, sin haber podido regresar a sacar por lo menos sus pertenencias para instalarse más adecuadamente en los campamentos preparados con la urgencia del caso, con este objeto estarían impedidos de acceder a esta zona, para evitar la contaminación radiactiva tan temida.

Ésta parece ser la verdadera situación del gobierno japonés y de quienes de alguna manera colaboran con él para superar la urgencia a la cual están sometidos todos en estos momentos. Nosotros hemos consultado órganos de información sumamente responsables y con acceso a la planta y a quienes son los miembros gubernamentales que han venido trabajando en ello, y lo están haciendo todavía.

La solución que se dé a éstos nos interesa mucho también, pues es bien sabido que se ha considerado con mucha seriedad la posibilidad de incluir a la energía nuclear como solución posible a los problemas que, en todo el planeta están presentándose a la satisfacción del futuro de la demanda de energía, que hoy se suple en gran medida con los combustibles fósiles, petróleo y gas, los que también tienen sus propios problemas, que en todo caso hay que resolver ahora mismo. El tiempo apremia. No hay posibilidades de esperar sin que se amenace a la seguridad nacional del país.

Las reformas a la Ley de Seguridad, para justificar la represión: expertos

LAURA POY SOLANO Y EMIR OLIVARES

Periódico La Jornada
Sábado 23 de abril de 2011, p. 10


Reformar la Ley de Seguridad Nacional para utilizar a las fuerzas armadas en actos de represión contra movimientos sociales, si se consideran una amenaza a la seguridad interior, beneficiará a una administración que no está dispuesta a dejar su guerra contra el narcotráfico, pero a un costo muy alto para los cuerpos militares.

Un Ejército que va en contra de su población está perdido y corre el riesgo de perecer junto con el régimen, afirma Guillermo Garduño Valero, experto en Fuerzas Armadas y Narcotráfico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Por otra parte, para René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de aprobarse la iniciativa de reforma, México enfrentaría un escenario peor al que vivieron algunas naciones sudamericanas durante la década de los 70, alertó.

El académico indicó que permitir que el Ejecutivo federal tenga disposición absoluta de las fuerzas armadas representaría una justificación legal para vivir, en los hechos, un golpe de Estado.

Garduño Valero destacó que, de aprobarse la iniciativa, que daría al Presidente la posibilidad de solicitar la intervención del Ejército y la Marina en contra de movimientos de carácter político, electoral, social y aun laboral, se apoya no sólo a la actual administración federal, sino a quien gane la Presidencia en 2012, factor que no podemos soslayar en un contexto de creciente debilidad política y el avanzado deterioro de los partidos políticos en el país.

Agregó que lanzar a las fuerzas armadas contra movimientos sociales, sería asumir los peores costos, y prueba de ello fue el movimiento estudiantil de 1968, cuyas repercusiones aún vivimos. El Ejército puede estar realmente preocupado cuando se le siguen dando atribuciones al Presidente para que los envíe contra lo que se le ocurra; pero, en los hechos, no existe marco jurídico que regule y justifique su presencia en las calles.

Enfrentamos, agregó, una clase política con “conocimientos escasos o nulos sobre el quehacer de las fuerzas armadas.

A su vez, Jiménez Ornelas demandó al Congreso de la Unión mostrar la dignidad que demanda su encargo y rechazar la iniciativa, que se votaría el lunes. Alertó que se trata de una propuesta aberrante, que pretende dar elementos legales para justificar la represión contra movimientos sociales y políticos”.

¿Estado fallido?

JOHN SAXE-FERNÁNDEZ
Periódico La Jornada. Jueves 21 de Abril de 2011.


egún Connie Mack, del Subcomité de Asuntos Hemisféricos de la Cámara baja de Estados Unidos, la amenaza de un Estado fallido se asoma a lo largo de nuestra frontera sur con México. Lo advirtió en una sesión en que, según David Brooks, además del uso de términos como Estado fallido y guerra, se contempló la posibilidad de enviar tropas. (La Jornada (J) 14-4-2011 p.9) ¿Cómo llegamos a este estado de cosas? ¿Cuál es la génesis del declive del Estado mexicano?

Pregunto esto porque, casi en paralelo, nuestros diputados reciberon del Senado el proyecto de Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) impulsado por el Banco Mundial (BM) –ente subrogado al Tesoro de EU– y aprobado por el PRI y el PAN, para privatizar los servicios públicos del Estado formalizando relaciones contractuales de largo plazo entre instancias del sector público y del sector privado para la prestación de servicios al sector público o al usuario final en los que se utiliza una infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado.

Manuel Bartlett fue al meollo del asunto al advertir que así arrancaría la progresiva entrega de la gestión de inmensos presupuestos para salud, educación, transportes, seguridad, etcétera, reduciendo el perímetro del Estado. Esa merma es parte del Proyecto 2030 de privatización y desnacionalización (Contralínea 21/2/2010) en vigor desde hace 29 años, cuando se instauran las normas del BM/BID. Asoma la amenaza que menciona Mack, porque ese diseño desplomó la inversión pública en el campo y en el aparato productivo, debilitó al salario, la creación de empleo y polarizó el ingreso. Con la mira en el sector petroeléctrico, colocó en subasta bancos, 58 aeropuertos, las aerolíneas nacionales, 21 administraciones portuarias integrales, ferrocarriles, carreteras etcétera mientras el TLCAN flexibilizó las regulaciones aumentando el flujo de mercancía, incluyendo drogas, armas y dinero, mientras la gran subasta del país nos vulneralizó. Las privatizaciones ofrecen oportunidades al crimen organizado por el retiro del Estado de espacios territoriales y ahora de funciones esenciales.

Como Zedillo vendió puertos y aero-puertos a empresas extranjeras, recordó Jaime Martínez Veloz, los admi-nistradores de esos espacios de seguridad nacional son nombrados desde España, Francia, Alemania, Dinamarca, China y Estados Unidos. Ante la llamada guerra contra el narcotráfico, o ante cualquier conflicto, ¿cuál es el control que tiene el Estado en espacios administrados por personas cuyo cargo se lo deben a una empresa extranjera?. (J/8/4/2011)

Según James Moody, ex jefe de la sección drogas de la División sobre Crimen Organizado del FBI, desde el sexenio de Salinas se usaron incentivos para atraer capital extranjero. Uno de ellos, dice en un documento, es la venta de empresas paraestatales a inversionistas privados, empresas que incluyen importantes instituciones financieras, fábricas y negocios industriales y de servicios de vanguardia con valor de miles de millones de dólares. En esas privatizaciones hubo corrupción y operaciones de lavado de dinero...paraestatales en proceso de privatización fueron compradas por organizaciones de narcotraficantes mexicanos y colombianos(La compraventa de México, p.123). Para Jack Blum, ex jefe de asesores del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el informe de Moody es la incriminación más contundente por parte de un funcionario de Estados Unidos de que el narcotráfico se enseñoreó de México a la sombra de la política modernizadora salinista, que fue alentada por Washington y los organismos financieros internacionales (123-124).

Como Estados Unidos, sus empresas y bancos, además de impulsar la LAPP no detienen el lavado de dinero ni el vasto trasiego de armas ni aclaran Rápido y furioso, México sería un Estado fallido sui generis: ¡amenaza la seguridad de la narcopotencia que lo auspicia!, ¿o es que en realidad van tras el norte del país y su mar patrimonial?

Gñobalización Patricia Galeana

GLOBALIZACIÓN, CONSTITUCIONALISMO Y TRANSICIONES DEMOCRÁTICAS JoSÉ GAMAS TORRUCO* El presente texto intenta: reseñar cómo el proceso denominado universal¬mente "globalización" ha afectado y sigue afectando a las constituciones y con ello las estructuras sociales y políticas de los Estados-nación; hacer el recuento de las reacciones que se han dado en las constituciones, así como examinar el papel de éstas ante los cambios y destacar la iniciativa que corresponde a la sociedad en el nuevo orden que se está construyendo. GLOBALIZACIÓN La globalización es un proceso dinámico de interrelación permanente y cre¬ciente entre las sociedades humanas, tradicionalmente identificadas como nacionales, estructuradas dentro de sistemas políticos conformados en la fi¬gura del Estado-nación. El conjunto de grupos particulares avanza hacia la formación de un sistema social planetario. El término "globalización" ha sido utilizado con diversos sentidos, am¬plios o restrictivos, para calificar un proceso que afecta la complejidad social entera o sólo parte de ella, e incluso limitándolo a un sector específico; se la ubica, además, dentro de distintas coordenadas históricas. Es necesario por ello hacer algunas precisiones: 1) La globalización no es un fenómeno nuevo sino la resultante de un proceso, consecuencia del desarrollo de las comunicaciones, de la tecno¬ogía y de los intercambios. Se inicia en la etapa de los grandes descubri¬mientos, se prolonga con la incorporación de América al mundo occiden¬1ai y la extensión de Europa a otros continentes. El proceso experimentó una primera gran aceleración en las décadas precedentes a la Primera * Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 5noma de México. [257] 258 JoSÉ GAMAS Guerra Mundial, en que se incrementaron los intercambios; se interrumk pió entre los dos grandes conflictos bélicos del siglo xx y cobró un ímpetus inusitado a partir del final de la segunda gran conflagración hasta el dl de hoy. Ha sido generado e impulsado por Occidente y se complemensó con la extensión de sus instituciones políticas y económicas a las socieda¬des antes organizadas dentro del comunismo. La globalización no es un fenómeno nuevo sino una resultante de la evolución humana y como tal. aparece como fenómeno histórico dado. Inevitable. 2) No se identifica con " internacionalización" o con cualquier fenó¬meno calificado como "internacional" ; tal vocablo se refiere a relacionex entre las entidades políticas denominadas "Estado-nación"; aunque la glo= balización incide en tales relaciones, trasciende sin embargo dichas unid des y se refiere a las relaciones entre las diversas sociedades que se dan en el interior de cada una de ellas. 3) La globalización se identifica hoy como una etapa del capitalismo.. Es indudable el papel que el sistema económico está jugando en el interior de los Estados y en las relaciones entre ellos. Sin embargo hay fenómenos específicos: las redes de comunicación eles trópica; los problemas de seguridad estatal; la toma de conciencia, actitu¬des y demandas de personas y grupos étnicos; la protección del medio am- biente; la preocupación humanitaria y por los derechos humanos; el papel de la mujer; la protección infantil; los problemas de salud; los movimientos religiosos; la evolución del derecho internacional; la conciencia casi uni¬versal de los derechos humanos; la democratización, etcétera. Todos ellas se desarrollan entre las diversas sociedades al margen de la problemátic1 económica, aunque en necesaria interrelación con ella, como ocurre con= todo fenómeno social. La globalización tiene un importantísimo contenido económico, pero no se identifica con él; es un proceso múltiple con todos sus elementos interrela¬cionados. Es en el aspecto de las comunicaciones donde se ha dado un acá ramiento sin precedentes en la historia humana. La globalización no puede concebirse sin la revolución electrónica. La formación de una red mundial de comunicaciones electrónicas ha transformado la forma como operan las relaciones intersocietales. Computadoras, satélites, fax, teléfonos móviles, 'rv, Internet ligan a individuos y grupos en todo el mundo. Se han convertido ya en un instrumento indispensable para la civilización y la cultura. Los medias de comunicación, de información, ideas y mensajes actualmente a dispo9¬ción de la humanidad aceleran las interacciones humanas y crean relaciones a escala planetaria. Se trata sin exagerar, de una nueva etapa en la historia GLOBALIZACIÓN, CONSTITUCIONALISMO Y TRANSICIONES DEMOCRÁTICAS 259 cualitativamente diferente de las anteriores en razón de la intensidad y pron¬titud con que se alcanzan los interlocutores. Hay ahora un diálogo universal. El correo tiene ahora medios de alcance en horas, no en meses; la dis¬tribución de libros y revistas y en general de cualquier artículo puede ini¬ciarse desde el hogar o la oficina y recibirse en pocos días; es muy frecuente que determinados trabajos se realicen "desde casa utilizando la computa¬dora". De una época de mera comunicación e información al público se ha propiciado la de discurso y argumentación entre individuos y grupos. En buena medida, los medios han permitido el debate de temas que nos acercan a los propósitos del ágora o del foro; permiten que las acciones públicas se expliquen y adquieran legitimidad cuando son aprobadas con conocimiento. Hay una mayor participación activa y no precisamente pa¬siva del público, en tanto éste se forma opiniones que traduce en soportes a acciones legislativas o administrativas y que se reflejan en decisiones elec¬torales. Los órganos del poder público comienzan a encontrar un efectivo contrapeso en la sociedad. El señalamiento en torno a los aspectos disfuncionales de la televisión es universal. Se critica la comercialización del medio, la excesiva cantidad de violencia y contenido sexual, la difusión de prácticas criminales nove¬lizadas y el desaprovechamiento de posibilidades educativas y culturales. Pero también hay innegablemente contenidos positivos, y los canales es¬pecializados tienden a extenderse. Es también obvia la liga de la televisión con los grandes consorcios económicos y la difusión mundial multimillo¬naria de eventos que tienen el favor del público. Ahora bien, el debate propiamente político se ha dirigido al asunto de la libertad de expresión, de la participación o no de canales del Estado. Aquí han logrado imponerse los intereses privados. En Europa se contra¬rresta su influencia con canales oficiales, pero en los países en desarrollo tienden a imponerse los intereses privados siguiendo el esquema de Esta¬dos Unidos. Todo se ampara en la libertad de expresión. Radio, Televisión y Prensa escrita no admiten restricciones. Los proyectos de control son rechazados y los legisladores, naturalmente, pierden parte de su vigor ante sujetos que pueden afectar su imagen pública. Definitivamente no puede existir una democracia sin libertad informa¬tiva, pero es preciso garantizar el interés social: la consideración a la niñez en la programación, la participación activa de todos los sectores sociales, la garantía de la veracidad informativa y la protección de la vida privada y la imagen personal. 260 JOSÉ GAMAS 4) La globalización multiplica los cambios en el interior y abre al m mo tiempo las sociedades hacia el exterior. En algunos sectores se comie za a pensar el mundo como un solo lugar. La globalización afecta a cada sociedad en particular en todos los e mentos integrantes de su estructura y funcionamiento internos. Obvi mente hay diferencias de grupo a grupo; operan en el proceso circunsta cias propias de cada uno de ellos. Quienes se manifiestan enemigos de globalización y la condenan lo hacen por los efectos negativos producid en uno o varios de dichos componentes sin considerar los efectos posith que se dan en los demás. 5) La globalización ha permitido: • la difusión de ideas a nivel planetario; • la formación de una cultura universal al margen de las identí des sociales particulares "nacionales" que se mantienen; • los avances de un derecho universal aplicable a todas o parte de sociedades otrora exclusivamente sometidas al Estado-nación; • avances en la idea de que todo ser humano goza de dered elementales y que deben ser reconocidos; • avances en la idea de gobierno participativo y responsable; • el agigantamiento del sistema económico y fuerte presencia otros sistemas sociales frente al Estado-nación. La globalización está produciendo efectos positivos y negativos afecte a las diversas sociedades y en su interior a cada sector. 6) Las sociedades han sostenido un proceso interno de cambio. Los dios de difusión, cine, prensa, televisión y ahora Internet han favorecido expansión de la información de todo tipo. Las ideas y patrones de vida universalizan y derivan en nuevas identificaciones y lealtades. Se pe una "cultura universal" generada en Europa Occidental y reforzada por poderío económico, político y militar de los Estados Unidos de Amen por la difusión de sus patrones de vida y de sus valores sociales (soja po Frente a esta tendencia a homogeneizar patrones se dan fuertes fenó nos de autoidentificación. Se perfilan reivindicaciones de grupos étnico cultu¬rales que exigen el uso oficial de su lengua, el reconocimiento de su cultura y mayores espacios de decisión dentro del conjunto. En particular destacan las autonomías regionales en el interior del Estado-nación. GLOBALIZACIÓN, CONSTITUCIONALISMO Y TRANSICIONES DEMOCRÁTICAS 261 Aún en sociedades étnica y culturalmente homogéneas se está presen¬tando el fenómeno de las subculturas: la formación de grupos múltiples con identificación propia, con intereses, propósitos y acciones definidas: asociaciones gremiales, conglomerados regionales, iglesias de nueva deno¬minación, organizaciones privadas con aspiraciones generales o en defensa de un valor: la vida en embrión, las preferencias sexuales, la defensa del am¬biente, la igualdad de los géneros, la protección de los minusválidos y de los niños, la exigencia de justicia social, etcétera. Un individuo se identifica con valores diversos y se define en función de ellos; se forjan nuevas lealtades. No hay que olvidar a las "clases sociales". Las sociedades contem¬poráneas proclaman el principio de la igualdad jurídica, y en mayor o menor medida se atienen a él. Sin embargo, hay desigualdad en la medida en que categorías diferentes de individuos y familias tienen acceso distinto a los beneficios generales. Estas categorías guardan en su interior patrones comunes de cultura, un cierto "estilo de vida" identificado, compartido y ciertamente distintivo Las diferencias económicas en el interior de las sociedades es notable. La distribución de la riqueza patrimonial, la propiedad de los activos y el nivel de ingreso por individuo o familia presenta enormes desigualdades en todos los países, pero principalmente en los que llegamos tarde a los procesos de industrialización y de desarrollo liberal y democrático. Lo más dramático es que las desigualdades se están agravando. Dentro de las sociedades, el sistema económico, fundado en la economía de mercado, ha alcanzado enormes proporciones y ha impuesto sus reglas. El capitalismo se ha extendido universalmente en beneficio de los paí¬ses industrializados y con beneficios desiguales para aquellos que están en vías de desarrollo La evolución ha sido notable desde finales de la Segunda Guerra Mun¬dial. Los intercambios de mercancías y servicios se ha intensificado, las empresas nacionales, con su sede en un Estado-nación desde el cual ex¬portaban, han instalado plantas, fuera de su país de origen, sea buscan¬do recursos (mano de obra barata fundamentalmente) sea la cercanía del mercado de sus productos; su inversión es fundamental para los países en desarrollo donde ubican sus plantas. El capital financiero, tina enorme masa monetaria, ha adquirido vida propia y se mantiene o desplaza de un lugar a otro según circunstancias favorables a su beneficio. El Estado-nación se conmueve ante cambios internos generados en la sociedad que lo conforma e influencias externas de diversa naturaleza y origen. Su papel integrador, distributivo de bienes sociales y regulador, se 262 JOSÉ catiras ha visto condicionado. Ante una sociedad pluralizada, más demanda con mayores espacios de libertad e intercomunicada con el exterior, el tado tiene por fuerza que reforzar su legitimidad en el consenso y adap se a los cambios inevitables CONSTITUCIONALISMO Las constituciones configuraron instituciones que tradujeron ideas y p cipios que la burguesía impuso rompiendo los moldes tradicionales Estado aristocrático. Las instituciones arraigaron y se fueron ajustar los cambios experimentados por éstas. Las influencias del cambio se presentan hoy las mismas instituciones en un contexto distinto. El reconocimiento del Estado proviene de la Paz de Westfalia (16 que dio fin a la cruel Guerra de los Treinta Años y que aceptó la rea6 europea de unidades políticas distintas bajo su égida. El Estado que c el constitucionalismo a partir de la Constitución de los Estados Unida 1787, de la Declaración de Derechos de 1789 y de la Constitución de 1791, su das de la Revolución Francesa y de la efimera Constitución de Cádiz de l0 estableció la centralizacion del poder en un marco de derecho. La idea de soberanía nacional La tesis de la soberanía como autodeterminación de cada sociedad de un territorio y como reconocimiento de su unidad politica como única de poder y derecho está el día de hoy condicionada.

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