Privatización energética en México, tema de seguridad nacional en EU: académicos
La reforma de Enrique Peña Nieto, es “la suma de 30 años de reformas neoliberales impuestas desde la campaña presidencial de Ronald Reagan", y que ya han provocado a México, “una guerra de despojo de sus recursos estratégicos", señalan.
Elizabeth Velasco C.
Publicado: 12/11/2013 19:21
México, DF. La privatización del sector energético mexicano responde a los intereses del gobierno de Estados Unidos que, por razones de seguridad nacional, requiere garantizar su abastecimiento de petróleo, gas y agua en el transcurso de esta primera mitad del siglo XXI, plantearon Josefina Morales y Carlos Fazio, académicos de la UNAM, así como José Antonio Almazán, representante de los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, y Jesús Ramírez, del comité ejecutivo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
A partir de ese contexto, los panelistas coincidieron en señalar que la reforma energética de Enrique Peña Nieto, es “la suma de 30 años de reformas neoliberales impuestas desde la campaña presidencial de Ronald Reagan", y que ya han provocado a México, “una guerra de despojo de sus recursos estratégicos y de las conquistas sociales heredadas de la Revolución Mexicana”.
Durante su participación en el foro, “Las reformas peñistas en su laberinto”, organizado por La Jornada y Casa Lamm, coincidieron en que el país se ha enredado cada vez más en el “laberinto imperialista de los Estados Unidos”.
Los panelistas evaluaron de los acontecimientos de los años 70, “cuando Estados Unidos perdía autonomía energética” y “México se comprometía con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y otros instrumentos del imperialismo”, a los recientes hechos de espionaje de la inteligencia norteamericana a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en momentos en que están en juego los recursos energéticos del país.
Fazio planteó que el interés de Estados Unidos por afianzarse el control del mercado energético del norte se vincula con la reforma energética que defienden el PRI y el PAN.
“El interés por los hidrocarburos por parte de las trasnacionales norteamericanas es parte de una política de pequeños pasos que arrancó antes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y pasa por el Plan Puebla Panamá (PPP), la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y la Iniciativa Mérida.
“Se trata de establecer un cuadrilátero como espacio territorial de América del Norte (Estados Unidos, México y Canadá), con interés en la energía: la del petróleo, el gas natural, el gas sheil y el agua, en su parte continental, y que en el caso particular mexicano va por el petróleo que está en el Golfo de México, tanto de la cuenca de Sabinas como de Burgos, en la frontera con Tamaulipas”.
Fazio definió que ese tesoro que hay en aguas profundas es motivo de los espionajes de inteligencia de Estados Unidos, a los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto, porque los “hidrocarburos son el eje de la disputa que se da entre las trasnacionales petroleras anglosajonas, a las cuales Peña ha prometido dar certeza jurídica con la modificación de los artículos 27 y 28 de la Constitución”.
Morales planteó que la disputa de los hidrocarburos se da en un contexto de crisis mundial derivada del neoliberalismo. “Crisis que a todos nos exige repensar el tipo de vida que tenemos en la estructura social, económica y política. Estamos ante momentos de trascendencia histórica, cuando más de una tercera parte del territorio nacional se ha concesionado a intereses extranjeros”, reflexionó.
Ramírez, de Morena, aseguró que Estados Unidos no sólo va por el petróleo, agua y bosques, sino por el territorio mexicano.
“La reforma energética de Peña –subrayó- no sólo representa entregar una parte importante de la economía, sino el corazón de la riqueza nacional. La reforma al 28 y 27 constitucional es la entrega de la soberanía”.
A esta soberanía, dijo, han renunciado “las élites del gobierno mexicano y de la intelectualidad que es afin a la integración del país a la economía norteamericana, porque perdió la idea de un proyecto nacional”.
Fazio manifestó que la reforma de Peña Nieto, beneficia a una minoría en perjuicio de la mayoría de los mexicanos, y lo único que puede detenerla es la resistencia civil pacífica en las calles.
Lamentó que esa fuerza ciudadana en la calle no se vea tan contundente, a pesar de que el país está a unos días de que la reforma energética pueda ser aprobada por el PRI y el PAN.
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IFE: ineficiencia y opacidad
La jornada 30 de octubre de 2013
El lunes pasado este diario dio a conocer que, en un estudio encargado por el Instituto Federal Electoral (IFE) a la empresa consultora Deloitte, se describe un grave desorden administrativo en la estructura de ese organismo autónomo, lo cual en seis años habría costado 2 mil millones de pesos a las arcas nacionales. Otros aspectos descritos en el documento son la disfuncionalidad de áreas nodales, como la dirección ejecutiva de prerrogativas; la duplicidad de funciones en varios sectores; el exceso de personal en la jerarquía de la institución y la existencia de áreas que no tienen razón de ser. El diagnóstico es tan sombrío que en el seno del Consejo General del IFE se decidió considerarlo reservado, es decir, ocultarlo a la opinión pública.
Ese mismo día, representantes de algunos partidos ante el IFE pidieron que se diera a conocer el estudio en cuestión, postura que fue rechazada por el consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, y otros consejeros, con alegatos tales como que alguien que dolosamente malinterprete la información del documento puede incrementar la incertidumbre por la que atraviesa la institución electoral (Lorenzo Córdova) o que un tema tan delicado no debiera ventilarse en los medios (Marco Antonio Baños). Por su parte, Valdés Zurita pretendió desviar la atención del tema central –el alarmante desaseo administrativo dentro del IFE– con el argumento de que la filtración del estudio de Deloitte significó una vulneración al reglamento y pidió a este diario que revelara su fuente de información, lo cual, dijo, mucho ayudaría en materia de transparencia.
Más allá del cinismo patente en tal postura –la pretensión de desviar la atención sobre el destino de 2 mil millones de pesos dilapidados con una pesquisa sobre una presunta infracción reglamentaria y una solicitud por demás improcedente e inquisitiva–, el descontrol de los altos mandos del IFE ante la revelación es ilustrativa de la descomposición que impera en ese organismo autónomo en las postrimerías del encargo de los actuales consejeros y en vísperas de lo que, cabe esperar, sea una restructuración y una renovación ética profunda de la autoridad electoral federal.
Reservado o no, lo que el documento de Deloitte deja ver es la discrecionalidad y la falta de rigor con dinero y recursos que pertenecen a la nación, así como la creciente disfuncionalidad de una institución que en sus orígenes generó en la sociedad esperanzas de inicio de democratización en el país, y que progresivamente sucumbió a los vicios tradicionales del viejo sistema político: intercambio de favores, complacencia ante las irregularidades y complicidades encubiertas bajo una delgada cáscara de legalidad. De tal manera, durante las gestiones de Luis Carlos Ugalde y del propio Valdés Zurita, el IFE fracasó en su objetivo de organizar y supervisar elecciones transparentes, equitativas y confiables, y esa frustración provocó una grave fractura política en la sociedad.
La muestra máxima de ineficiencia es que los órganos de mando de la institución –los políticos y los administrativos– hayan debido invertir 16 millones de pesos –que fue la suma facturada por Deloitte por el estudio de marras– para enterarse de los vicios, desviaciones y desperdicios multimillonarios que ellos mismos y sus predecesores han propiciado en el que fue, hasta hace cosa de una década, un elemento que apuntaba a la democratización nacional, y que hoy constituye un ingrediente de cerrazón y simulación.
Si quedara alguna duda sobre la necesidad urgente de reconstruir la máxima autoridad electoral del país, los sucesos de los días pasados la han despejado por completo: el IFE debe ser restructurado y saneado. En su composición y estructura actuales el organismo no sólo no garantiza elecciones limpias, sino que ni siquiera puede hacer gala de probidad, transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos que se le confiere.
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Derechos humanos: ¿sueño de ingenuos?
Gabriela Rodríguez 4 de Oct. 2013
La obstaculización de las bancadas de PRI, PAN y PVEM a que continuara la gestión del doctor Luis González Placencia al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) es expresión del totalitarismo que caracteriza al Estado tardo-moderno frente a los intereses de la ciudadanía, es demostración de fuerza del Poder Legislativo frente a 400 organizaciones civiles que se pronunciaron a favor de la continuidad de un ombudsman defensor de los derechos del pueblo, y es signo del interés actual de las derechas para imponer intereses partidistas en el Distrito Federal, tal como ocurre en muchas de las comisiones estatales y en el ámbito federal.
Se trata de una agresión contra el único órgano de la ciudad que se había mantenido independiente, una caída iniciada por el líder del PAN Federico Doring –conocido apologista de la represión hacia movimientos sociales–, quien logró alianza con el PRI, con el PVEM y hasta con algunos legisladores del PRD. Según el analista de Excélsior Adrián Rueda, los últimos están ligados a Marcelo Ebrard, porque él se sintió exhibido por la CDHDF por el uso inadecuado de la fuerza pública durante su gestión. Al tiempo que se daña la institucionalidad de la CDHDF se contraviene la voluntad de quienes vivimos en un territorio más libre que el resto de las entidades del país, porque aquí las y los ciudadanos hemos contribuido a construir un espacio de mayor emancipación y una comisión de derechos humanos ejemplar, sobre todo en términos de autonomía, de compromiso con los más emergentes derechos humanos, un organismo vinculado con las víctimas de derechos humanos y con las organizaciones progresistas de la sociedad civil.
La negativa a relegir al presidente de la CDHDF pisa nuestras libertades y tendría que indignar a los chilangos que tienen una cultura cosmopolita, a quienes somos y no somos miembros de organizaciones civiles, a activistas y ciudadanos de la calle, a la clase trabajadora y desempleada, a quienes laboran en instituciones gubernamentales y privadas, a gerentes y funcionarios movidos por un compromiso moral con la sociedad.
Con intereses partidistas se financiaron campañas de desprestigio hacia la CDHDF y ataques personales contra su titular, grupos anónimos y periodistas sin ética profesional se han dedicado a desinformar a la opinión pública contra el ombudsman de la ciudad de México. Y pese a todo, Luis González Placencia cuenta con todo el reconocimiento de las organizaciones civiles, por su calidad ética y por el compromiso demostrado durante cuatro años al frente de la CDHDF.
Después de boicotear la ratificación del actual defensor del pueblo, ahora sigue el proceso de elección del nuevo presidente de la CDHDF. ¿Cómo evitar que coloquen al frente de esta comisión un personaje a modo? ¿Cómo sostener la autonomía de un órgano de arbitraje y contrapeso al poder del Estado? ¿Cómo lograr que se nombre a un ombudsman sin intereses partidistas? ¿Cómo fortalecer la atención a las víctimas vulneradas en sus derechos humanos?
Las y los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal están obligados a garantizar la transparencia del proceso de elección del nuevo ombudsman –u ombudswoman–. Ellos y ellas tendrán que abrirse al diálogo político con actores sociales, así como con las y los defensores de derechos humanos de la ciudad de México.
Porque la noción de derechos humanos implica procesos reflexivos y de construcción de acuerdos que respeten la identidad de los individuos y de los colectivos; porque las organizaciones tienen un papel crucial en la mediación de los intereses plurales de la ciudadanía frente a los representantes estatales; porque ese carácter procesal exige desarrollar programas de formación de habilidades crecientemente reflexivas y la reconstrucción de una sensibilidad moral que se ha debilitado en las instituciones. Porque hay que respetar a líderes de movimientos sociales que se expresan en esta ciudad, aquí no sólo se expresan líderes locales del SME o de #YoSoy132 sino también activistas de otros estados, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, de organizaciones estudiantiles y sindicales, docentes urbanos, rurales e indígenas del movimiento magisterial, activistas de Morena y de la resistencia contra las reformas constitucionales. En este espacio donde la masacre de Tlatelolco no se ha olvidado en 45 años hay que formular criterios públicos de bondad que permitan superar las difíciles relaciones que mantiene la especie humana consigo misma.
¿O acaso es inevitable que el Estado violente los derechos humanos? ¿Es esa violencia intrínseca a las relaciones de poder? ¿Serán las comisiones de derechos humanos fantasmas que se materializan en momentos efímeros? ¿Serán los derechos humanos frágiles e inalcanzables ideales producto de la ingenuidad?
Se convoca a todas las organizaciones civiles a elaborar estrategias de defensa de la autonomía de la CDHDF y definición de perfil de candidatos para presidirla: viernes 4 de octubre a las 12 horas, sala Digna Ochoa 3 de la comisión (avenida Universidad 1449, colonia Florida).
Twitter: @Gabrielarodr108
grodriguez@afluentes.org
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“Los de siempre”
"LOS DE SIEMPRE lA JORNADA 24 DE Oct. 2013
Soledad Loaeza
Los empresarios se quejan de la iniciativa de reforma hacendaria del presidente Peña, y en tono sufrido se lamentan de que daña a los de siempre”, como si detrás de la propuesta hubiera una larga historia de sacrificio de los ricos mexicanos en beneficio de la sociedad. Efectivamente, de nuevo los empresarios son “los de siempre”, pero no los que siempre pagan, sino los que siempre bloquean cualquier intento del gobierno de cobrarles impuestos. Hay que recordarles que según el artículo 31 constitucional, fracción IV, es obligación de los ciudadanos contribuir al gasto público de la Federación, del estado y del municipio.
Desde hace más de medio siglo, para ser precisos, desde el gobierno de Ruiz Cortines, un presidente con toda justicia olvidado, los empresarios han logrado que el gobierno renuncie a cualquier plan de incremento de impuestos que pueda afectarles. Así, hoy somos el país de América Latina, después de Haití, que tiene la menor recaudación tributaria. Los ingresos tributarios no petroleros se han mantenido en menos de 10 por ciento del PIB desde que hay estadísticas comparables, y en largos periodos han fluctuado en torno a 8 por ciento. En Chile la proporción es 19 por ciento, en el Reino Unido, la patria del thatcherismo, 27 por ciento.
La desigualdad en México se ha agravado, entre otras razones, porque aquí, como en el resto del mundo, la concentración de la riqueza ha sido uno de los efectos de las políticas liberales de los últimos 30 años. Pero “los de siempre” no lo ven así, y se pasean por la ciudad en Jaguar, y en las páginas de revistas a todo color, donde nos muestran lo bien que montan a caballo o cómo se divierten en Las Vegas. Les es ajeno el pudor que debería inspirarles el contraste entre su situación personal y la pobreza que aqueja a la mayoría de los mexicanos. Habría que aplicarles el impuesto a la presunta riqueza, que pagaban los milaneses que a finales del siglo XIX ostentaban lujos y opulencia: si salían a la calle con una capa de cachemira de Mongolia, si las señoras se enjoyaban, si viajaban en carruajes de cuatro o seis caballos, si sus casas tenían más de 20 balcones y los atendía una numerosa servidumbre, el gobierno calculaba cuánto dinero necesitaban para darse tan buena vida, y, a partir de esa cifra, fijaba la tasa de imposición de esa familia. De hacer lo mismo, el gobierno mexicano, llenaría rápido las arcas públicas.
No es ésta la primera vez que los empresarios se oponen a una reforma que aumenta sus contribuciones al gasto público. En 1960, durante el gobierno del presidente López Mateos, se invitó a lord Kaldor, experto de la Universidad de Cambridge, a que diseñara una reforma tributaria. Lo hizo, pero el documento se quedó guardado en un cajón porque los empresarios amenazaron con sacar su dinero del país y acusaron al gobierno de comunizante. Tal denuncia era peligrosa en el contexto de la guerra fría y de la revolución cubana. Carlos Salinas logró poner en pie una reforma tributaria, una de cuyas medidas más importantes fue un impuesto a los activos de las empresas. Sin embargo, no pudo suprimir los regímenes especiales ni ampliar la base gravable, de suerte que al término de su sexenio los ingresos tributarios, incluidos los petroleros, representaban menos de 8 por ciento del PIB.
La ofensiva de los empresarios cuenta hoy con el apoyo de líderes de opinión afines al ala radical del Partido Republicano de Estados Unidos; también han movilizado el respaldo del Partido Acción Nacional, que ha olvidado sus orígenes católicos para entregarse de lleno a Santa Maggie Thatcher; Gustavo Madero, con una devoción digna de un mártir del cristianismo, ha jurado acabar con toda la reforma. No se sabe muy bien si de verdad lo cree o si se trata de ganarle la pista al libertario Ernesto Cordero. Nunca como ahora ha merecido el PAN la etiqueta de partido de derecha.
La ofensiva contra la iniciativa presidencial también cuenta, extrañamente, con corrientes de izquierda que, al oponerse a las reformas, se colocan en las antípodas de la tradición política a la que pretenden pertenecer. Los cabilderos de las refresqueras intentan convencer a los senadores de que la obesidad en México no es un problema de salud pública, sino de gustos personales. Se manejan los argumentos “de siempre”: “el aumento de impuestos va a provocar la caída de la inversión privada”, “¿para qué necesita tanto dinero el gobierno?, nadie sabe qué hace con lo que recauda”; “con ese dinero los funcionarios se compran coches y celulares”; “el gasto público mata la iniciativa individual”, y otros lugares comunes. Algunos añaden un argumento hilarante: “Enrique Peña se va a volver Hugo Chávez”.
Mucho nos quejamos de la pobre calidad de la educación y de los servicios de salud pública, de la falta de infraestructura, del abandono en que viven las comunidades indígenas y de tantas carencias que nos mantienen en el atraso. Pero que nadie se sorprenda. El gasto público en México es muy inferior al promedio de América Latina y de los países de la OCDE. El gobierno no necesita aumentar la recaudación si piensa que esos problemas los resolverá el mercado y si planea mantener la restricción del gasto público que está detrás del crecimiento mediocre de los últimos 30 años. Pero si asume la responsabilidad social que le es esencial, tiene que defender su propuesta, aunque a “los de siempre” no les guste.
Irregularidades cuestan al IFE un gasto extra de $2 mil millones, revela estudio
Irregularidades en el IFE
Hay duplicidad de funciones y alto costo operativo por desorden administrativo, entre otras
Alonso Urrutia
Periódico La Jornada
Lunes 28 de octubre de 2013, p. 8
Solicitado por el Instituto Federal Electoral (IFE), un estudio de la empresa Deloitte sobre la estructura del organismo revela un desorden administrativo que causa impacto en el costo de operación, duplicidad de funciones, ineficiencia en el funcionamiento de áreas claves como la dirección ejecutiva de Prerrogativas, importantes recursos destinados a la supervisión del instituto –con efefecto muy reducido– y la necesidad no sólo de compactar áreas, sino de desaparecer otras que se consideran inoperantes.
El informe de la empresa –realizado a un costo de 16 millones de pesos– tiene días en poder de los consejeros, pero el resultado es tan adverso que determinaron considerarlo confidencial, aunque la empresa sostiene que comenzar a aplicar los cambios permitiría al IFE ahorrar poco más de 2 mil millones de pesos en seis años.
El documento considera incluso que hay demasiado personal en la jerarquía de mando del organismo, al punto de sugerir desaparecer un nivel en órganos centrales prácticamente en lo inmediato: 2014.
Las sugerencias de Deloitte para hacer eficiente la operación del IFE enfrentan en algunos casos objeciones legales, ya que, entre otras cosas, se cuestiona la permanencia de la dirección ejecutiva de organización electoral, cuando sus funciones son temporales, sólo que ésta tiene su sustento en la legislación electoral vigente.
El estudio plantea la necesidad de fusionar esa dirección ejecutiva con la de capacitación electoral y educación cívica, pues en ambos casos hay tareas temporales que no son reconocidas administrativamente.
Se asume que ello implica cambios legales, pero recomienda crear una sola estructura que compagine ambas, con el consiguiente ahorro de recursos y la mayor eficiencia operativa, dada la necesidad de una función integral (de hecho, en periodo electoral las comisiones de consejeros que corresponden a ambas áreas se fusionan).
Más adelante el documento apunta que la dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos representa un alto costo para el instituto, en buena medida por ineficiencia en el área de pautado de espots, pero igualmente por la exigencia legal de monitorearlos. Por las características de esta área, el cumplimiento de las modificaciones sugeridas tendría cabal cumplimiento en 2018.
“Sin razón de existir”
En otros casos, para Deloitte hay áreas que carecen de razón de ser, y plantea al IFE desaparecerlas a partir de enero: la dirección del secretariado y del Centro para el Desarrollo Democrático. En 2013, ambas ejercieron 44.4 y 40.2 millones de pesos, respectivamente .
Otro foco de atención es la imperiosa necesidad de hacer más eficiente la coordinación entre áreas centrales y los órganos desconcentrados, amén de que en la asignación de recursos para estos últimos refleja diferencias importantes que deben corregirse.
En vísperas de la conclusión de la gestión de Leonardo Valdés al frente del IFE, el estudio sobre la estructura del instituto también alerta sobre la multiplicación de áreas administrativas en áreas sustantivas. Además de la duplicidad, en algunas hay falta de rumbo y escaso control.
Sugiere consolidar áreas para mejor aprovechamiento de recursos humanos y administrativos, así como impulsar un mayor aprovechamiento de tecnologías de la información.
Por ello, propone integrar una sola área de administración de recursos humanos adscrita a una única dirección ejectuiva. Ambas medidas permitirían al IFE desempeñarse con cerca de 25 por ciento menos en sus estructuras de soporte, con un ahorro de alrededor de 2 mil millones de pesos en seis años.
En otros rubros, Deloitte también advierte sobre ineficiencia en materia de comunicación, debido a que sus capacidades no son suficientes y su distribución en la estructura organizacional del IFE no es correcta. Por ello, plantea que se reordenen las funciones de difusión y al mismo tiempo se consolide la comunicación organizacional dentro del organismo electoral.
¿Brasil en el Eje del Mal?
Raúl Zibechi la jornada. 4 de Oct. 2013
Las grandes crisis, como las marejadas, sacan a la superficie lo que permanecía oculto en los periodos de calma. Ante nuestros ojos está sucediendo algo similar en relación con la política exterior de Estados Unidos con la región sudamericana. Volver sobre el caso de espionaje sufrido por Brasil a manos de la NSA, develado por Edward Snowden, las causas y las reacciones que está provocando en el gobierno de Dilma Rousseff, puede contribuir a aclarar la coyuntura regional que atravesamos.
La columna del contrarrevolucionario cubano Carlos Alberto Montaner en el Miami Herald del pasado 25 de septiembre está dedicada a las opiniones de un supuesto ex embajador de Estados Unidos. Más allá de que las citas sean reales o inventadas (siempre es necesario desconfiar de un agente de la CIA acusado de actos de terrorismo contra Cuba), parecen reflejar lo que piensa por lo menos una parte del establishment estadunidense y explica algunas razones por las cuales Brasil fue espiado.
Para Washington, dice Montaner, “el gobierno brasileño no es exactamente amable”, ya que “los amigos de Luiz Inacio Lula da Silva, de Dilma Rousseff y el Partido de los Trabajadores son enemigos de Estados Unidos”. Y a continuación cita el apoyo de Brasil a los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Cuba, Irán y la Libia de Muammar Kadafi. Dos hechos considera el supuesto diplomático como graves: el alineamiento de Brasil en “casi todos los conflictos” con China y Rusia, y la inversión de mil millones de dólares en el desarrollo del superpuerto de Mariel.
El puerto de aguas profundas de Mariel, donde pueden operar los grandes barcos que atraviesan el Canal de Panamá, construido por Odebrecht con financiación del BNDES, se convertirá en uno de los principales centros comerciales para Centroamérica y el Caribe, en puerta de entrada de productos brasileños a Estados Unidos y bisagra comercial con Asia. La zona especial de desarrollo Mariel puede volverse un potente polo industrial capaz de atraer empresas brasileñas y ahora también multinacionales chinas automotrices, farmacéuticas, de equipos de climatización y de biotecnología ( Granma, 25 de septiembre de 2013).
La zona especial puede ser la locomotora económica de Cuba y contribuir a desbaratar el embargo contra la isla. Parece evidente que es una jugada estratégica compartida por Cuba, China y Brasil, que molesta profundamente al imperio.
Pero las consecuencias de las revelaciones de Snowden se hacen sentir en por lo menos dos aspectos. El 86 por ciento de los contenidos de Internet que circulan en la región sudamericana están alojados fuera, en particular en Estados Unidos. Cualquier usuario de Gmail, Hotmail y Yahoo, por ejemplo, aunque el emisor y el destinatario vivan en Sudamérica, sus datos pasan antes por los nodos estadunidenses, sobre todo por los instalados en Miami.
Esa realidad va a empezar a cambiar pronto. La iniciativa esta vez partió del Mercosur. El 17 de septiembre se realizó en Caracas la primera reunión de “autoridades y expertos en seguridad informática y de las telecomunicaciones del Mercosur”, a la que asistieron delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Venezuela. Entre las principales resoluciones aprobadas figura “el establecimiento e interconexión, en el corto plazo, de centros de datos para el almacenamiento y la distribución de contenidos entre los países miembros, incluyendo el desarrollo y alojamiento de servicios propios”.
El objetivo es hacer más seguras las comunicaciones y “reducir la dependencia de la tecnología extranjera, garantizando la soberanía de los pueblos del Mercosur, considerando que actualmente el intercambio del tráfico de Internet entre los países de la región hace tránsito mayoritariamente por Estados Unidos”.
Se están articulando varias iniciativas: la interconexión de una infraestructura de red de fibra óptica regional con las nacionales, proceso en marcha desde tiempo atrás ( La Jornada, 2 de diciembre de 2011); la creación de nodos regionales y quizá nacionales, centros de datos en cada país, y una legislación que proteja la información. Uno de los cambios más notables será la creación de servicios de videoconferencias, chat y “computación en la nube”, entre otros, de carácter regional, en el que las diversas instituciones nacionales deberán colaborar.
Salvo en Uruguay, no existe en la región ningún sistema de e-mail público y gratuito, aunque Adinet (de la telefónica estatal Antel) no puede competir con las multinacionales ya que no ofrece los servicios más atractivos. El Servicio Federal de Procesamiento de Datos (Serpro) de Brasil desarrolló un correo electrónico para uso del Estado (expressomail) que cuenta con 700 mil usuarios. Ahora las diversas empresas nacionales podrán colaborar en el diseño de un sistema de correos por Internet que no pase por Miami ni por ningún nodo extrarregional para las comunicaciones en la región.
Si la estatal brasileña Correos desarrolla antes de fin de año un e-mail nacional seguro con todas las prestaciones que tienen Gmail y las otras, como decidió el gobierno, podrá compartirlo con los demás países del Mercosur y de la Unasur. En ese sentido, la reunión de Caracas debe considerarse como un punto de inflexión.
La segunda cuestión se relaciona con la compra de 36 cazas de quinta generación por parte del gobierno de Brasil, decisión aplazada desde hace 13 años cuando gobernaba Fernando Henrique Cardoso. En 2009, Lula anunció que se comprarían los Rafale de la francesa Dassault desechando los F-18 de Boeing. Meses atrás era casi segura la decisión de Dilma a favor de Boeing, pero ahora la compra se aplazó hasta 2015, después de las elecciones presidenciales ( Valor, 26 de septiembre de 2013). En dos años la opción puede ser bien distinta.
Las decisiones estratégicas que pueden modificar el tablero geopolítico se suceden con ritmo vertiginoso en la región. Nunca antes el rey estuvo tan desnudo como ahora. Nunca antes fue tan claro que no hay caminos intermedios, como los que pretendió transitar el gobierno brasileño.
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